Ver Sentencia C-376 de 2010 aquí

La norma demandada es el artículo 183 de la Ley General de Educación. El artículo establece la facultad del Gobierno para regular el monto a cobrar por concepto de derechos académicos en instituciones estatales. Dicha regulación del monto debe hacerse atendiendo a varios factores socioeconómicos de las personas que estudien en la institución. El demandante alega va en contravía de la del derecho a la educación.
 
En su intervención, el GAP solicitó que se declarase inconstitucional la norma demandada. Como sustento de la argumentación, se utilizaron informes de la CEPAL y de la Contraloría General de la República para ilustrar como el cobro de derechos educativos impacta de manera negativa a las niñas y niños de menores ingresos, reforzando la deserción escolar, lo que termina recrudeciendo los ciclos de pobreza pues se expone a la población infantil a trabajos precarios y mal remunerados.
 
En sus consideraciones, la Corte declaró la exequibilidad de la norma, entendiendo que el pago no debe aplicarse para los niveles de educación básica y primaria. La Corte analizó las diversas normas de carácter internacional para establecer que todas disponían que en el nivel de primaria la educación debe ser obligatoria y gratuita. En la misma línea, de acuerdo con las normas nacionales (artículos 67 y 44 constitucionales) la educación básica debe ser gratuita y es un componente del derecho a la educación.
En el análisis de los cargos concretos, la Corte retoma los argumentos de la intervención, calificando nuevamente a los cobros como factores que aumentan la deserción escolar, fracturando el acceso y permanencia de la población infantil en el sistema escolar, de ahí la importancia de que la disposición deba interpretarse de manera tal que sea gratuita en el nivel básica primaria.