¿Hasta qué punto debe la legislación tratar de reprimir un mercado que parece no poder ser erradicado? Si es más eficiente una posición flexible frente a la droga para preservar la salud pública, no solo será más ética la legalización, sino más inteligente, menos hipócrita.

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El mundo declaró la guerra en contra de las que denominamos “drogas”, después de la segunda mitad del siglo XX. Se sabe del uso de narcóticos desde mucho antes, pero para no ir más lejos: en el siglo XIX, los poetas malditos, a los que siguió nuestro José Asunción Silva, se jactaron públicamente de consumir opio. Pero no fue sino hasta los años sesenta del siglo pasado, que se tejió un conceso internacional liderado por Estados Unidos, prohibiendo radicalmente el uso y producción de narcóticos. La DEA, organismo protagónico y líder de lucha frontal contra las drogas, fue fundada en 1968.
Han pasado alrededor de cincuenta años desde que se construyó este conceso internacional de prohibición. Son contadas las excepciones de una posición legislativa más flexible frente al cannabis; pero estos pocos casos parecen hacer cada vez más ruido: primero fue Holanda, caso excepcional desde finales de los años setenta; y recientemente Uruguay y los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos.

Han pasado cincuenta años en los que el mundo ha invertido deliberadamente cuantiosos recursos económicos, alianzas institucionales, esfuerzos militares; tanto a nivel nacional en los países productores, como a nivel internacional (un claro ejemplo es el caso del Plan Colombia). Pero el mercado de drogas está muy lejos de desaparecer. Es usual escuchar que alguien diga que “el mundo perdió la guerra contra las drogas”, en las instituciones, en los debates políticos, en las columnas de opinión, en las redes sociales. Sin embargo, pocas veces se examinan de forma profunda y práctica, asuntos como el por qué este mercado continúa siendo ilegal o por qué a pesar de la evidencia la mayoría de la población parece estar de acuerdo con la lucha antidrogas.

El caso del mercado de narcóticos es de interés para la Economía por varias razones. En primer lugar, el mercado está prohibido por la ley en la gran mayoría del planeta, pero sigue existiendo, en casi todos los rincones del mundo. Incluso en países asiáticos como China, en donde la posesión de drogas puede llevar a la pena de muerte, se siguen capturando personas por participar en este mercado, como oferentes o como demandantes (dato curioso: ¡hace poco fue capturado el hijo de Jackie Chan!).

El mercado de narcóticos existe porque la ley no genera los incentivos suficientes para que deje de existir. Existe porque a pesar de los esfuerzos y los recursos, el enforcement nunca es suficiente para erradicar ni a los productores ni a los consumidores. El último Informe Mundial sobre las Drogas (2014) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, concluye que a pesar de los crecientes resultados en incautaciones y erradicación de cultivos, el consumo agregado se mantiene virtualmente inalterado.

No es un resultado precisamente sorprendente: no porque algo está prohibido la gente deja de hacerlo. Incluso algún psicólogo o un ciudadano de a pie, dirían que todo lo prohibido se hace más atractivo para el consumidor potencial, para el irreverente, para el joven -suerte que al menos se dejó de apedrear a la mujer adúltera-. Que se erradique el cultivo de coca en Colombia, no quiere decir que los manufactureros de la cocaína no buscarán persuadir el cultivo comercial en Bolivia, o en Perú, o en nuevos rincones de la abundante selva colombiana, cuyos recónditos rincones son imposibles de controlar en su totalidad (o si no ya habrían exterminado a las FARC). Si existe la demanda para algo, el mercado buscará cómo abrirse paso: como un virus, como una plaga, como lo que se quiera. Solo se contagia, pero no desaparece. Solo se transforma, se moderniza, mejora su productividad, pero no se destruye. La prohibición es como detener una caída de agua del bosque con las dos manos.

¿Hasta qué punto debe la legislación tratar de reprimir un mercado que parece no poder ser erradicado? Se supone que el objetivo de la prohibición puede ser el de la salud pública, o incluso, dirían los más conservadores, el de la moral. Es ahí en dónde las herramientas de la economía pueden resultar más útiles, más sensatas, y no por eso, menos éticas. Al contrario: si es más eficiente una posición flexible frente a la droga para preservar la salud pública, no solo será más ética la legalización, sino más inteligente, menos hipócrita.

La corriente más ortodoxa de la Economía, pretende formular los mecanismos más satisfactorios en términos de eficiencia. Lo difícil de esta lectura es que el liberalismo económico ha equiparado el concepto de eficiencia con el concepto de máxima acumulación y crecimiento material, así no sea equitativo. Pero el concepto de eficiencia, desde un lente menos miope, debería aplicarse a la maximización de un fin mucho más pertinente, y también, más complejo: el bienestar de la mayor cantidad de gente posible.

Desde este punto de vista, la prohibición es totalmente ineficiente por muchas razones estudiadas formalmente, de manera teórica y empírica. Gary Becquer, premio nobel de economía en 1992, argumentó teóricamente que legalizar el uso y gravar el consumo de drogas, sería más efectivo para reducir el consumo que seguir prohibiendo el uso legal.
Además de que la prohibición no logra reducir los posibles efectos negativos derivados del consumo - porque no logra resultados apreciables en la reducción de dicho consumo -; induce efectos indirectos, que en economía se denominan externalidades. Una externalidad es un efecto no deseado de una acción: en este caso, la legislación de prohibición pretende castigar a productores y consumidores, interceptar e impedir sus transacciones… pero en el camino por intentar ese fin, las acciones emprendidas terminan afectando a terceros.

En el caso de la lucha contra las drogas, todas las externalidades parecen ser negativas. Empecemos por las externalidades por el lado de la oferta: el mercado no se organiza mediante las leyes del mercado, sino mediante disputas violentas entre cárteles, que cobran las vidas y el bienestar de quienes quedan atrapados en el fuego cruzado, y engendran patrones culturales nocivos, de los que los colombianos tenemos ya bastante idea.

Son implicadas en el negocio las porciones más empobrecidas y vulnerables de la sociedad, como los campesinos cocaleros en zonas apartadas en Colombia, y los inmigrantes centroamericanos en México. Alfredo Molano, periodista e historiador colombiano, ha documentado desde su trabajo de campo, el drama de familias cocaleras engañadas, explotadas, forzadas, expulsadas, masacradas por narcotraficantes que son la autoridad en sus lugares de residencia: estas familias no pueden acudir al estado para exigir justica, por dedicarse a una actividad ilegal, que les da más de comer que cultivar mora o papa.

Por otro lado, políticas puntuales como la aspersión de glifosato en Colombia,  han sido comprobadas como perjudiciales para la salud humana, animal y para los cultivos legales, sin lograr efectividad en la erradicación (un estudio alrededor de esto es el de Daniel Mejía y Adriana Camacho del CEDE de la Universidad de los Andes).

El negocio es tan rentable que deja ganancias suficientes para sobornar funcionarios públicos y políticos que faciliten los canales de su funcionamiento, sembrando y propagando el germen de la corrupción en las entrañas del Estado. Los dealers se encuentran en las calles y en las ollas, engendrando desorden público, insalubridad y peligros para el consumidor. Una de las razones para la creación de los coffee shops en Holanda, fue precisamente que el país no quería dealers en las calles: mejor que vendan y fumen en cafeterías dispuestos para ello y no en la vía pública; potencialmente frente a niños y demás transeúntes.
Y por el lado de la demanda, por un lado, el consumidor enfrenta dificultades y peligros en el momento de efectuar su compra. Además, no puede exigir control de calidad del producto que consume y está expuesto a la ingesta de sustancias tóxicas en lugar de drogas puras. Esto, seguro, contribuye a empeorar los efectos sobre la salud.
En Colombia se empieza a discutir seriamente la posibilidad de una postura diferente frente a las drogas, ahora que el senador Juan Manuel Galán encabeza un proyecto de ley que pretende legalizar el uso medicinal de la marihuana. Sin embargo, las reacciones en contra son vehementes, tanto en el Congreso, como en la casa y en la calle. Aunque estudios científicos soportan las propiedades terapéuticas de la marihuana, el dogmatismo de la gente, sea moralidad, principios, costumbre; es la primera barrera para un cambio en la radicalidad de la postura, y la construcción de un mundo económicamente más eficiente, y políticamente menos solapada, socialmente menos hipócrita.

Este año asistí a una conferencia con funcionarios del gobierno de Uruguay que formularon la ley de regulación del cannabis, y están al frente de la implementación de la misma. Durante la conferencia constaté una idea que se me había ocurrido en mi clase de Economía del Comportamiento, y es que el primer obstáculo para avanzar hacia la legalización, es la falta de apoyo ciudadano: la falta de información, de conciencia, de flexibilidad mental, de replanteamiento de la moral; de todas juntas.

El tema es de especial importancia en Colombia, nación que ha llegado a proveer hasta el 70% de la producción mundial de cocaína, y los recursos provenientes del narcotráfico han afectado política, social y económicamente la estructura del país. Es verdad que hablar de legalizar la cocaína es distinto que hablar de legalizar la marihuana, pero la eficiencia dictaría que todas las drogas deberían ser legales.
Sin embargo, la transformación institucional hacia la regulación parece ser todavía distante en la mayor parte del mundo, en especial al tratarse de drogas distintas a la marihuana: a pesar de que diversos puntos de vista han emergido cuestionando la utilidad de las políticas prohibicionistas y develando sus externalidades adversas, la generalidad es que la gran mayoría de las personas mantienen una posición ideológica muy renuente cuando se habla de legalización.
¿Por qué la mayoría de las personas no consumidoras tienen una posición tan arraigada en contra de regular este mercado? No solamente inciden patrones culturales o morales. Los conceptos de la economía del comportamiento son una herramienta muy interesante para analizar los procesos sociales que construyen las posiciones individuales frente a la política de drogas. Tenemos una venda sobre los ojos.

Hablemos de la posición ideológica frente a la cocaína, algo más radical que la del cannabis y que le interesa más a Colombia. En primer lugar, la “mentalidad anti-legalización” refleja un problema de representatividad asociado con la “ley de los pequeños números”. Aunque es innegable que los efectos físicos y psicológicos asociados al abuso de la cocaína en el largo plazo son lamentables, el error de percepción radica en la generalización del abuso de las drogas a la totalidad de los demandantes de estas sustancias.

Esto significa que aunque no se tenga información real sobre el espectro completo de consumidores, la mayoría de la gente tiende a generalizar la situación de los más graves casos de adicción, y asociarlo con el destino de todos los que consumen cocaína. Recientes estudios -como los del psicólogo experimentalista de la Universidad de Columbia, Carl Hart- sugieren que para el caso de la cocaína, estos constituyen alrededor del 20%, y que tienden a ser personas con problemas comportamentales previos que les generan una predisposición a la adicción, motivo por el cual no todos los consumidores se convierten en adictos. En esta materia, lo más realista sería aceptar que los adictos no son una “muestra aleatoria” dentro de los consumidores, sino un grupo de personas con otro tipo de problemas previos (psicológicos, sociales, económicos) cuya solución no es simplemente, prohibirles el consumo.

El problema de representatividad también se refleja en que los efectos de ‘las drogas’ son además generalizados a todos los consumidores, y se toman puntos de referencia como los habitantes de la calle o los ladrones y criminales para referirse a la población consumidora. Sin embargo no se tiene en cuenta el trasfondo de la situación, que es percibida como un tabú, ni tampoco los distintos motivos, contextos y estilos de vida del amplio espectro de los consumidores: muchos de los consumidores habituales tienen una vida productiva relativamente normal, como lo constata el profesor Hart en sus experimentos.

Adicionalmente, argumenta Hart, los medios contribuyen a reforzar esta teoría mediante un “sesgo” en la información que deciden mostrar y la forma como la muestran. En este caso tenemos un problema de disponiblidad de la información. Son casi siempre presentados los casos de adicción como los únicos posibles; se exponen los efectos adversos de las políticas como efectos directos del consumo de drogas (y no como lo que son: externalidades negativas de la prohibición); y se presentan noticias sobre avances en las políticas de persecución en la cadena de producción de drogas, como si se estuviera ‘ganando la batalla’, sin hacer referencia a que los niveles de consumo tienden a mantenerse estables.

Estas conductas son más evidentes en Colombia, país productor y por ende, afectado por las políticas de prohibición: basta con observar el caso de la difusión del Informe sobre Drogas en 2014: busque el lector de este artículo noticias al respecto en google y verá cómo en Colombia los titulares mencionan los montos incautados y la reducción de la superficie cultivada en Colombia, mientras que en otros países como España y en medios internacionales en español y en inglés, los titulares apuntan a que el consumo mundial no se reduce.  

En este mismo sentido, las personas tenderán a percibir la información desde una intencionalidad de sesgo de confirmación, de forma tal que asociarán casos personales cercanos, casos de los medios y de los personajes de ciencia ficción que usan drogas, con el caso del consumidor en general. Este proceso no es consciente del sesgo en la información percibida (dado que el consumo, además, es en general una práctica privada que tiende a salir a la luz en los momentos en donde sale de control) y de los hechos científicos modernos de algunas de fuentes alternativas a los medios.

La idea alrededor de la naturaleza adictiva del consumo y de que posee efectos adversos devastadores sobre la población de consumidores, actúa pues, como un blinder que no permite evaluar la situación de manera objetiva. Se construye así una posición radicalizada y soportada en prejuicios que pretenden ser morales y el blinder impide ver que los más graves efectos, que se propagan por la sociedad, se desprenden del carácter de ilegalidad. Se soslaya el hecho de que la política de prohibición y castigo sumada al bajo enforcement para hacerla efectiva, crea incentivos para incumplir la norma.

Y no se considera la posibilidad de respetar las elecciones individuales de los consumidores, que no están dejando de consumir dentro del contexto de prohibición. A esto se suma que gran parte de los efectos adversos atribuidos al consumo, tienen su origen principal en sustancias con que los comerciantes ilegales rinden las sustancias de las drogas puras, ante la imposibilidad del consumidor de exigir un control de calidad adecuado debido a la ilegalidad. Toda esta información es, en general, minimizada o ignorada.

Por otro lado, los incentivos de la política pública anti-drogas contribuyen a forjar y reforzar la mentalidad de rechazo frente a la legalización. Las leyes determinan que las drogas ‘son malas’, lo cual genera una señal del estado ideal de la sociedad y de lo que la sociedad debería pensar y apoyar. Las expectativas de política dictan una norma social de lo política y moralmente correcto.

Dentro de esta norma social, las personas tienden a asociar semánticamente las drogas con la adicción y la adicción con el crimen, y de esta forma, las drogas, en general, con el crimen y la decadencia social. Como las personas piensan que todo el mundo posee esta asociación mental, ellas también siguen esta posición, ya sea con finalidad imitativa o de aceptación total.

En este sentido, la norma social introduce un shame effect que tiende a asociar y señalar negativamente a los consumidores, simpatizantes y a los implicados en la cadena de producción, asociándolos con imágenes de irresponsabilidad, inmoralidad, decadencia, crimen y pereza, y, en el caso de Colombia, con estereotipos reconocidos como propios del mercado de cocaína como la extravagancia y excentricidad; ignorando que muchas de estas conductas provienen precisamente del carácter ilegal, y no del producto en sí mismo.

Finalmente, para generar un cambio de política a nivel internacional, debe darse que los ciudadanos del mundo logren moldear opiniones propias, cumpliendo con las cuatro características del wisdom crowd: diversidad (que todos tengan acceso a  información que provenga de distintas fuentes privadas); independencia (para que la gente no deje llevar su opinión por la norma social, sino por evidencia evaluada individualmente); descentralización (para que no hayan agentes públicos, mediáticos, ni figuras moldeando la opinión general);  y agregación (para que hayan mecanismos de participación y pronunciación de los ciudadanos). 

El economista es el científico dismal por excelencia, dice uno de mis maestros, y tiene toda la razón: es el científico más triste, porque sabe que nunca va a poder tener a todo el mundo contento. Sabe que la eficiencia en el bienestar para todos, son fines cruelmente truncados por la voluntad política, las instituciones o patrones culturales auto reforzados y la desinformación, y no solamente por la imposibilidad material. Pero no tenemos que vivir con ello. Nuestro mundo, lo podemos construir nosotros. Espero que este artículo haya brindado al lector información distinta a la que recibe de medios convencionales, para que sea capaz de interesarse e informarse por sí mismo o sí misma.