Mauricio Jaramillo Jassir[1]

La desaparición y asesinato de más de 40 estudiantes en el Estado de Guerrero en México, muestra con crudeza la precariedad del sistema político de ese país, y la forma como en América Latina se privilegió la forma y el procedimiento, en detrimento de la sustancia a la hora de evaluar la consolidación de la democracia. Vale la pena recordar que México fue por mucho tiempo un referente de democracia, pues cuando la mayoría de Estados del continente sufrían las atrocidades de las dictaduras militares justificadas en la paranoica doctrina de contención del comunismo, en ese país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)[2] se proclamaba como pionero de la democracia.

A esto se debe sumar la riqueza cultural mexicana rastreable por las contribuciones notables de Carlos Fuentes, Octavio Paz, Diego Rivera, y Frida Kahlo. Es pertinente reseñar, además, que para Colombia el D.F tiene un significado especial por la llegada a ese territorio de intelectuales que en el país no hallaron su lugar en un momento dado como Álvaro Mutis, Porfirio Barba Jacob, Fernando Vallejo y Gabriel García Márquez. Dicho de otro modo, el México el siglo XX floreció en términos culturales y políticos.

Este panorama, empero, contrastó con la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Aquel aparecerá siempre como uno de los episodios más trágicos de la vida mexicana, y por estos días que el país enfrenta una crisis profunda, se recuerda a los más de doscientos estudiantes que murieron exigiendo autonomía universitaria y la liberación de presos políticos. La represión brutal ordenada de la que fueron víctimas esos manifestantes encuentra eco en la actualidad del Estado de Guerrero.

No obstante, México continuó siendo un referente de democracia en el continente aún con los bemoles que la dictadura del PRI suponía. El derrumbe paulatino del sistema se hizo evidente en 1994 con dos hechos trascendentales en la historia del régimen democrático mexicano: el surgimiento del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y  el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El primero mostró un segmento de mexicanos jamás incluidos en el modelo de democracia del PRI, y concretamente afectados por el modelo neoliberal. Su máxima expresión fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte firmado por Canadá, Estados Unidos y México. El levantamiento en cabeza del Comandante Marcos, mostraba las contradicciones insalvables de seis décadas de hegemonía del PRI.

Lo segundo, mostró la forma como la violencia mexicana podía llegar incluso a las esferas más altas del Estado. El asesinato de Colosio enfrente de las cámaras de televisión desnudaba a un Estado mexicano sometido por la criminalidad, a su vez alimentada por unos niveles asombrosos de corrupción e impunidad.   

A pesar de todo, en 2000 con el fin de la hegemonía del PRI y la llegada del Partido de Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox se esperaba que México cambiara de rumbo. No obstante, aquello nunca sucedió, o no por lo menos en lo que respeta a su política interna. Los giros más visibles en el mandato de Fox tuvieron que ver con la política exterior. El país se alejó del discurso anti-hegemónico (en franca referencia a Estados Unidos) que marcó la diplomacia del PRI, y ese gobierno estrechó lazos políticos con Washington. En Cuba se recuerda aún el incidente entre Fox y Fidel Castro que enfrió una de las relaciones más emblemáticas de la guerra fría, entre dos polos que en escenarios multilaterales convergían para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. En ese periodo de globalización, México aceleró el proceso de liberalización de su economía y las desigualdades que han venido creciendo no han dejado de ser una talanquera de la debilitada democracia mexicana.

A esto se sumó en 2006, el resultado de las elecciones presidenciales entre Felipe Calderón, candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador representante de una izquierda mexicana que había ganado terreno a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD).  Las irregularidades en el proceso, así como la corta distancia entre ambos candidatos en el resultado final de los comicios, sellaron uno de los momentos de mayor polarización. Esto se puede comprobar por cientos de miles de mexicanos que acompañaron a López Obrador en su posesión paralela. Acto, valgo de paso recalcar, que confirma que desde ese entonces el sistema político presenta graves disfuncionalidades.

Actualmente, y con la tragedia que entristece no sólo a Iguala sino a todo México, el régimen vuelve a quedar en entredicho. La incapacidad del Enrique Peña Nieto (PRI) para dar respuesta a los innumerables interrogantes, sugiere que en este México federal los poderes regionales siguen siendo omnímodos y constituyen una amenaza directa a la democracia. Se trata de una paradoja pues se tiende a asumir que entre mayores niveles de descentralización, el proceso de consolidación democrática se profundiza. No obstante, con una tradición de semejantes prácticas autoritarias y criminales, esa dinámica de desconcentración puede derivar en el surgimiento de emporios. Tal es el caso de la pareja compuesta por José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, aparentes responsables de la masacre.

El mal momento del sistema mexicano muestra con contundencia que urgen reflexiones acerca de los vínculos entre la democracia como aspiración política de todos los Latinoamericanos sin excepción (incluida Cuba), y la seguridad como requisito indispensable para el funcionamiento del Estado ¿Es posible pensar en democracia cuando no existe el mínimo en materia de estatalidad, representado en el monopolio legítimo de la violencia? Y ¿Qué tan compatibles son las medidas que buscan el fortalecimiento del Estado, con las garantías individuales que deben surgir de la democracia liberal?

Estos interrogantes que evoca el México de estos días, se pueden trasladar a otros escenarios latinoamericanos donde el Estado ha sucumbido frente a la criminalidad, bien sea la que surge desde el mismo aparato favorecida por la corrupción, o desde afuera por la criminalidad organizada. La lógica de violencia que se impone en algunas naciones del continente sugiere que en la medida en que la democracia avanza, los Estados han cedido en el monopolio de la fuerza, lo que ha expuesto a todo tipo de amenazas a los ciudadanos marginados quienes a la larga, son quienes menos recursos cuentan para protegerse en medio de un clima de violencia generalizado.

Es prudente recordar que la mayoría de las ciudades más violentas del mundo (en zonas que no están en conflicto) se encuentran en América Latina y con ello se comprueba una segunda paradoja. A pesar de que se ha interpretado que el continente cuenta con rasgos de pacifismo mantenidos a lo largo de su historia y solo empañados por algunos momentos concretos, los problemas de convivencia se han disparado convirtiendo a algunos de sus urbes en focos de amenazas que proliferan golpeando y marginalizando a millones de ciudadanos que ven limitada a la titularidad de sus derechos mientras la delincuencia campea.

La serie de eventos atroces en Iguala, México, revela la precariedad de los cimientos de algunas de las democracias latinoamericanas que durante décadas, reivindicaron una tradición que parecía bastar para la consolidación del modelo.  En la mayoría de mediciones acerca de la calidad del sistema se insiste en la independencia de poderes, la capacidad del Congreso para ejercer control político, la posibilidad de que circule de manera libre la información, la celebración de elecciones ininterrumpidamente, y la apropiación ciudadana del sistema. Esto último significa que los ciudadanos expresen su favorabilidad por la democracia como sistema ideal.

Sin embargo, en esa lógica parecería ignorarse el tema de la seguridad ciudadana que hoy tiene contra la pared el Estado de derecho en México. Se trata de una tarea fundamental no sólo para medir la profundidad actual de la democracia mexicana, sino en aras de comprender a cabalidad la interdependencia cada vez más notoria entre  la seguridad y el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

[1] Profesor de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

[2] Inicialmente Partido Nacional Revolucionario