En la cárcel La Modelo de Bogotá los únicos espacios que quedan libres para dormir son los techos de los pasillos. Por eso, los reclusos se disputan hasta los cielorrasos. Hacen hamacas artesanales y las cuelgan de ellos para poder tener un lugar en donde pernoctar.
 
Esta situación se repite en varios de los 144 centros penitenciarios del país. A pesar de que el plan nacional de desarrollo del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, correspondiente al periodo 2007-2011, destinó 947.414 millones de pesos para modernizar el sistema penitenciario y carcelario, el hacinamiento no solo no se redujo, sino que tiende a aumentar.
 
Las cárceles colombianas concentran actualmente más de 120 mil presos, pero solo tienen capacidad para 76 mil. En 1998, la Corte Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones. En ese momento, ese tribunal señaló en la sentencia T-153 que existía una “flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia”. Dieciséis años después, la situación sigue siendo alarmante.
 
Panorama que no es diferente al del resto de países de la región: “El mayor problema de las prisiones en Latinoamérica es la superpoblación. Las prisiones albergan un 30 por ciento más de reclusos de lo que deberían, pero en muchos casos se llega hasta el 100%, lo que propicia las tragedias”, dijo Rupert Colville, vocero de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación carcelaria regional.
 
El funcionario señala el hacinamiento como la principal causa de tragedias en las cárceles de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia.
 
La “nueva cultura penitenciaria”
 
Para superar la situación, el gobierno colombiano formuló un plan de construcción y refacción carcelaria, que contemplaba la creación de 24.887 nuevos cupos para el 2008; gracias a la remodelación de las cárceles existentes y a la construcción de once nuevos centros.
 
Además, desde el año 2000, el gobierno colombiano incorporó, gracias a acuerdos anexos al Plan Colombia, al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos como organismo asesor en el tema. Dicha institución participó en “el diseño, construcción, funcionamiento y reglamentación de las nuevas cárceles”, asegura el abogado Franklin Castañeda, directivo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización no gubernamental que vela por los derechos de la población reclusa.
 
En el marco de la asesoría del Buró Federal de Prisiones, se empezó a implementar una política conocida como la “nueva cultura penitenciaria”. Dicha política “va encaminada a imponer el aislamiento”, según explica Castañeda. Por eso, las nuevas cárceles han sido ubicadas en zonas aisladas y de difícil acceso, lo que empeora las condiciones de los presos.
 
El hacinamiento no se detuvo
 
Con la construcción de las nuevas cárceles, las autoridades dieron un parte de victoria. En el sexto informe del Estado colombiano al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reportó que “se logró revertir la tendencia creciente que traía el hacinamiento desde 2002 y que alcanzó su nivel más alto de 37,2% en el año 2004. (…) Para diciembre de 2007 el hacinamiento disminuyó a 21%”.
 
Sin embargo, académicos que se han ocupado del tema controvierten la supuesta mejoría de la situación carcelaria. Por ejemplo, el informe alterno elaborado por el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de Los Andes plantea que “la situación en los centros de reclusión en Colombia no ha presentado ninguna mejoría en la última década”, ya que el hacinamiento llegó en 2010 a un tope de 41,7%, según las propias cifras oficiales.
 
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el hacinamiento en las cárceles del país alcanzó el año pasado un histórico 55%, superando en más de 41.000 internos la capacidad.
 
¿Qué pasó? Según el referido informe alterno (ver “Situación carcelaria en Colombia. Informe sombra presentado al CDH de Naciones Unidas”), las cifras no correspondían a la realidad. Además, se ha presentado una tendencia al incremento de la población reclusa, lo que mantiene intacta la situación de hacinamiento.
 
“Los detenidos continúan viviendo en difíciles condiciones de hacinamiento, agravadas por el aumento de la población carcelaria, con consecuencias directas en la calidad de vida y las condiciones de detención”, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en un informe sobre la situación humanitaria en Colombia, divulgado en el 2012.
 
Otras instituciones del orden estatal también han llamado la atención sobre la gravedad del problema, como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el propio Inpec, entidad encargada del manejo de las prisiones.
 
Incluso la situación ya es insostenible en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), centros manejados por la Fiscalía General de la Nación que son una especie de lugares de paso de personas procesadas por la justicia. Según organismos de control, las URI presentan un alarmante sobrecupo que atenta contra la integridad de los detenidos.
 
Falencias del sistema
 
Las condiciones inadecuadas de reclusión imposibilitan aplicar criterios básicos del sistema penal, como la separación de condenados y sindicados (que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), el fin resocializador de la pena y el trato digno y humano a la población reclusa. Tampoco se aplica el criterio de separar a los presos según el tipo de delito.
 
Para el CICR, el hacinamiento “impide que los internos tengan un espacio mínimo vital, tal como lo exigen estándares internacionales, afecta el acceso a la salud, e incide en las condiciones higiénicas y de disponibilidad de agua”.
 
“Igualmente, el hacinamiento menoscaba las perspectivas de reintegración y reinserción de los detenidos, limitando las oportunidades de estudio y trabajo, y es una fuente importante de tensiones y violencia en los penales”, agrega el CICR.
 
Además, se presentan graves problemas de higiene y salubridad. Y han sido varias las denuncias del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos sobre casos de fallecimiento de presos por falta de atención médica. También se han presentado muertes a raíz de incidentes como el incendio que en Barranquilla dejó diez reclusos muertos y decenas de heridos en enero pasado.
 
Más cárceles no solucionan el problema
 
Sin embargo, el problema va más allá del tema de la capacidad de las cárceles y de la creación de nuevos cupos.
 
“La sola infraestructura no soluciona el problema carcelario”, plantea una investigación de la Universidad del Rosario sobre el tema (ver: “Desarrollo del Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas de Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional”, trabajo disponible en este enlace).
 
Según este planteamiento, aumentar la capacidad carcelaria no soluciona el problema, ya que la población reclusa va a seguir creciendo. Desde 1998, cuando la Corte Constitucional señaló el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, hasta 2009, la población carcelaria creció 70%.
 
La raíz del problema se remonta entonces a la política criminal, que privilegia la detención preventiva y que es represiva en cuanto tiende a aumentar las penas y los delitos para afrontar problemas sociales.
 
En otras palabras, la política criminal es represiva y concibe la cárcel como castigo y no como un mecanismo de resocialización, como en teoría debería funcionar. Por eso, el número de presos se incrementó en los años 90, luego de la expedición de la ley 228 de 1995, conocida como el Estatuto de Seguridad Ciudadana, que aplicó la prisión para las infracciones menores.
 
De esta forma, mientras no se reforme la política criminal y se cambie el enfoque carcelario, el hacinamiento seguirá siendo un problema recurrente en la sociedad colombiana.