La lucha contra la censura  en internet es una de esas historias que estamos condenados a repetir, pero que, con manifestaciones en su contra, podemos acabar. Denunciar el fenómeno es dar el primer paso para el cambio.

Cuando el gobierno sirio capturó a Karim Taymour, activista del régimen de Bashar Al-Assad, el 26 de diciembre de 2011, toda la información que se ofrecía por internet ya había sido revisada y clasificada. Más de mil páginas contenían las conversaciones y archivos que había enviado por internet. Karim fue detenido y posteriormente torturado por el régimen.
A partir de la campaña de infección en la red llamada “Blackshade”, llevada a cabo en 2012, el gobierno sirio consiguió información de la misma forma en que fue obtenida la de Taymour: un software espía que daba libre acceso a contraseñas e información contenidas en la red. El único objetivo era controlar las críticas provenientes de los rebeldes.

Este tipo de situaciones lleva a pensar en la capacidad que tienen muchos gobiernos de actuar contra la misma población, con tal de mantener al margen cualquier tipo de opinión que ataque el discurso oficial.  A la censura en internet, dentro de un contexto político, hay que darle la cara.

Según el portal OpenNet Initiative, hay tres tipos de motivos para censurar internet: el interés por mantener la estabilidad política, por salvaguardar valores sociales, como en Reino Unido o Singapur y, finalmente, por defensa de la seguridad nacional, argumento principal para Estados Unidos o Marruecos.

La censura parece ser una tendencia de gobiernos con regímenes totalitarios, en donde las viejas censuras empiezan a modificarse y a tomar nuevas formas, entre ellas, la virtual. Por ejemplo, en Eritrea, estado africano, tienen prohibida la entrada de los medios de comunicación internacionales y sus medios locales son manejados por el gobierno. Siria, que mantenía en constante vigilancia todo tipo de información que salía sobre el entonces presidente Assad, ha sido fuente de controversias por el trato con el que oprimen a los opositores del régimen. Corea del Norte, que divulga por medio de su Agencia  Central de Noticias de Corea (KCNA) todo el contenido local, e Irán que tiene en constante vigilancia el tráfico de información por internet y tiene como proyecto crear durante 2013 su propia red privada.

Sin embargo, este tipo de censuras ahora no es característico de gobiernos totalitarios, sino que, por el contrario, este fenómeno se ha colado dentro de países que profesan abiertamente la democracia y la libertad de expresión. Según la red Enter.com, hacia junio de 2012, Google realizó una denuncia de que países democráticos le pedían retirar de su sistema de búsqueda archivos: el 65% venía de órdenes judiciales y el 35% de pedidos de otro tipo.

Fueron cerca de 1.028 peticiones por parte de 45 gobiernos que involucraban alrededor de 11.979 contenidos.  Entre los países latinoamericanos que se encontraban en esta lista estaban Brasil con 194 peticiones, Argentina con 39, Colombia, Bolivia y Panamá  con menos de 10. Perú no habría realizado ninguna petición.

Y aunque aún en los países democráticos no se hayan revelado casos sobre tortura por libre expresión en la red, esto último representa una situación preocupante, en la que los derechos humanos resultan totalmente vulnerados con tal de mantener un cierto orden de carácter político. Es clara la fuerte presión que se ha hecho a lo largo de esta década por mantener y preservar el derecho a la información y a la divulgación de información pero, del mismo modo, es indudable la fuerte oposición de una parte.

Esta situación permite pensar el problema desde una perspectiva más amplia: la libertad de expresión  y los intereses políticos son como el agua y el aceite. Debemos, entonces, cuestionarnos cuál ha sido y será el papel de los medios de comunicación en un contexto social donde las formas de expresarse son cada vez más variadas.

En 2011, según la red Reporteros sin fronteras, se llevó a cabo uno de los mayores atentados contra la libertad de información: 5 blogueros murieron, 200 fueron detenidos y 120 fueron capturados. El hecho nos muestra que muchos gobiernos, en el afán de mantener una censura global, están atentando contra  los derechos humanos de los civiles; situación que representa una abierta contradicción con la Carta de los Derechos Humanos.

Frente a este problemático tema las soluciones parecen ser muchas. Una noticia alentadora había surgido del Consejo de Derechos Humanos cuando, en 2012, había reconocido el derecho a la libertad de expresión en la red, el cual debía ser protegido por todos los países garantizando, al mismo tiempo, su acceso. 47 países, incluyendo a China y Cuba, también habrían firmado la resolución sobre este derecho.

Sin embargo, el apoyo de China había llegado con la condición de que el “libre flujo de información en Internet y el flujo seguro de información en Internet son mutuamente dependientes”, como lo aseguró en su momento el delegado chino Xia Jingge ante el Consejo.  Tal afirmación constituye un indicio de que el país seguirá manteniendo un muro que aísle a sus habitantes de muchos contenidos que están en la web.

Como ciudadanos, internautas y periodistas, cargamos sobre nuestros hombros un deber para con los demás. La libre circulación de información permite que, en medio de problemas coyunturales, se pongan frente a frente diferentes posiciones, que no se afecte el pluralismo que todos como habitantes del mundo profesamos. Una red en la que todos puedan expresarse es indispensable en el mundo de hoy, sobre todo para que no se sigan cometiendo crímenes contra más personas.  Para que hechos como los de Karim Taymour no vuelvan a suceder.