Es natural que los desplazados y las víctimas de la violencia piensen y sientan que tienen derecho a recibir los beneficios del Estado. Sin embargo, si no se hace una distribución para que los victimarios también los reciban y sean acogidos por la sociedad el conflicto permanecerá.
Así lo indicó Frank Pearl, miembro del grupo negociador del Gobierno en la Habana, durante el simposio Conflicto, Crimen y Violencia en Colombia, que organizó la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y en el que participaron expertos en el tema.
Para Juan Cárdenas, profesor de la Universidad de los Andes, el refuerzo de la noción de víctimas y victimarios arraigada en el imaginario social, según la cual los primeros deben ser resarcidos y los segundos sancionados, pone en dificultades a la justicia transicional.
Es crucial revisar la necesidad que en el proceso de posconflicto se inyecten recursos, para que la sociedad civil disminuya la función de sanción social frente a los excombatientes, propuso Cárdenas.
En esta línea Pearl afirmó que tan importante como definir a quién van los recursos, son las condiciones bajo las cuales esas personas pueden recibirlos y la comunicación a las comunidades receptoras de cuáles son las reglas de juego.
Francisco Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, hizo un llamado para ser más optimistas con el proceso de paz, porque vienen grandes retos.
“Nos hemos acostumbrado a resolver el conflicto por pedazos. Tenemos experiencias con los procesos del M-19 y el EPL”. Actualmente se trabaja en la reinserción de las AUC, de los 18.600 desmovilizados de las Farc y los 3.450 del ELN, al tiempo que sigue el conflicto con los 16.800 combatientes de las Farc y los 1.200 del ELN, dijo el consejero.
Situación de la población desplazada
Desde el punto de vista de las víctimas, una de las poblaciones más golpeadas por el conflicto son los desplazados. Por ello se hace necesario pensar qué sucedería con ellos en un eventual acuerdo de paz.
Para Ana María Ibáñez, profesora de la Universidad de los Andes, entre las ventajas del retorno de los desplazados a sus lugares de origen está el recuperar los activos que dejaron, recobrar sus redes sociales y reiniciar sus actividades económicas.
Sin embargo, solo el 11% de los 5.6 millones de personas desplazadas quiere retornar a sus lugares de origen. Por ende se deben contemplar opciones de asentamiento en el lugar de recepción o el desplazamiento a un sitio diferente.
En caso de retorno, se les deben proporcionar incentivos como la restitución de activos y la reconstrucción de los municipios afectados. Si se promueve el asentamiento en los lugares de recepción o en otro sitio, hay que darles garantías y estudiar la posibilidad de entregarles el valor de los activos que tuvieron que abandonar, sugirió Ibáñez.
Al respecto Frank Pearl dijo que se está trabajando con las comunidades para que puedan empezar a definir su futuro, con un apoyo interdisciplinar que les permita entender qué pasó, concebir su presente y tratar de dibujar un futuro, con la libertad de no perdonar pero en el cual se comprometan a dirimir los conflictos de una manera respetuosa.
