De manera que pocos esperaban, Bolivia se ha ahogado en el último tiempo en la crisis institucional más profunda desde el ciclo de inestabilidad entre 2003 y 2005.

En ese entonces, los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, tuvieron abandonar precipitadamente el gobierno ante la presión en las calles. A finales de ese ultimo año y como nunca antes en la historia desde la Constitución de 1967, un candidato logró imponerse en primera vuelta con lo cual se rompió un largo periodo de hegemonía para los partidos tradicionales bolivianos, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN). El 18 de diciembre de 2005 resultó elegido Evo Morales con una plataforma alternativa y progresista, el Movimiento al Socialismo (MAS) que prometía una refundación nacional y una transformación de hondo calado de la desprestigiada democracia boliviana.   
 
Consecuentemente, Bolivia se embarcó en una serie de reformas cuyo punto más emblemático fue la redacción de la Constitución, cuya proceso de aprobación tomó unos tres años por las divisiones entre el MAS y la oposición, especialmente en los departamentos del oriente boliviano. Se trata de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija que históricamente han revindicado una mayor autonomía y en donde se concentra buena parte de la riqueza del país en términos de hidrocarburos. Esto es especialmente importante y sensible habida cuenta de que Bolivia cuenta con las reservas de gas más grandes de todo el hemisferio occidental. Con la nueva Constitución quedaron aprobados dos aspectos clave para la gobernabilidad futura y la estabilidad del país. En primer lugar, se aprobó una sola relección, a pesar de que el MAS pretendía la introducción de la relección indefinida. Y en segundo término, se introdujo la figura de la segunda vuelta cuando ninguno de los dos candidatos con mayor votación obtuviera o la mayoría absoluta (la mitad mas uno de los votos) o el candidato más votado no pudiera obtener una ventaja de diez punto sobre su más inmediato rival. En las primera elecciones, ambos aspectos pasaron desapercibidos.
 
La Constitución fue aprobada en 2009, por lo cual se convocaron elecciones que fueron ampliamente ganadas por el Morales (con 38 puntos de ventaja sobre Manfred Reyes Villa). En virtud de la entrada en vigencia del texto constitucional, se consideró que el primer mandato del líder habría comenzado en ese momento, es decir en 2010 y no en 2006. Por eso, tuvo la posibilidad de aspirar a un segundo mandato imponiéndose en las elecciones de 2014 con una ventaja de más de 30 puntos.

 

No obstante, los problemas para el líder masista comenzaron cuando entraba en la ultima fase de su ultimo mandato. Ante la imposibilidad de una segunda relección, en el seno del MAS se contempló la posibilidad de aprobar una reforma a la constitución (concretamente el artículo 168) para permitir una nueva elección (segunda relección). No obstante, se consideró que tal transformación debía pasar por una consulta popular que tuvo lugar en febrero de 2016. De manera sorpresiva, por los altos índices de popularidad del entones mandatario, una mayoría de bolivianos (51%) se inclinó por rechazar la propuesta. Por ende en un principio, se consideró que Morales no podría presentarse con miras a las elecciones de este año y que correspondía al MAS buscar un candidato para la renovación del exitoso, hasta ese momento, discurso y política oficialistas. Aun así, Morales acudió al Tribunal Constitucional que aclaró que al no permitírsele una segunda relección se le estaba violando un derecho político, por lo que procedió a avalar su candidatura para un tercer periodo en medio de un ambiente enrarecido y polarizado.
 
De esta forma se llegó a las elecciones de octubre de este año. Las encuestas daban como favorito a Morales, pero solo en caso de obtener los votos suficientes para ganar en primera vuelta, pues de llegar a segunda, la mayoría de sondeos daba como favorito a su rival y opositor, el expresidente Carlos Mesa.  Por eso el día de las elecciones generales, a medida que avanzaba el conteo parcial y se pensaba en un eventual balotaje, en la oposición crecía el optimismo y al mismo tiempo la extrema preocupación en el oficialismo.
 
El resto de la historia es bien conocida. El resultado final le otorgó a Morales una ventaja sobre Mesa suficiente de más de diez punto (47% contra 36%) para considerar que había ganado la primera vuelta. Las movilizaciones hicieron imposible legitimar un nuevo mandato y ni siquiera el anuncio de nuevas elecciones evitó la inesperada y aparatosa salida de Morales hacia territorio mexicano. 

 

La irrupción de Jeanine Añez como primera vicepresidenta del Senado y cabeza del interinato que debía conducir a nuevas elecciones, fue desde un principio un gobierno que trascendió y sobrepasó sin justa causa esa tarea elemental, con lo cual fue evidente una interrupción del orden constitucional que de nuevo polariza al continente. Si bien las épocas de los golpes militares han quedado en el pasado, resulta inocultable que la democracia aun está lejos de su consolidación. La salida de Morales es un duro retroceso para la democracia boliviana por la evidente intimidación de los militares que forzaron su salida y porque el mismo ex presidente desatendió el resultado de la consulta popular de 2016 minando gravemente la legitimidad, no solo del gobierno sino del conjunto de instituciones del Estado, en particular de la justicia que debe funcionar con independencia.    
 
La interrupción constitucional al gobierno de Morales no solo atenta contra los intereses del MAS, sino que conspiró contra la posibilidad de que la oposición en una segunda vuelta o en las elecciones que debían repetirse accediera al poder. Ese escenario hubiese supuesto una alternación sana para la democracia boliviana. Con el interinato desafiante e intransigente de Jeanine Añez, Bolivia de nuevo se sume en el caos.