La pregunta ya no es si el cambio climático existe ni si sus efectos son visibles. La discusión, como quedó en evidencia a lo largo de la jornada, es si estamos actuando con la rapidez y la profundidad que esta crisis exige.
Lo que está pasando
El punto de partida fue claro. La crisis climática no puede entenderse únicamente como un fenómeno natural. Es el resultado de decisiones históricas, modelos de desarrollo y formas de relación con la naturaleza que hoy muestran sus límites. El aumento de la temperatura global, la intensificación de fenómenos extremos y la pérdida acelerada de biodiversidad no son escenarios futuros, son realidades en curso.
En Colombia, más del 60 % de los municipios enfrenta riesgos asociados al cambio climático. Sequías prolongadas, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la seguridad alimentaria hacen parte de un panorama que se agrava con el tiempo. La evidencia científica ya no admite dudas y el tema se ha consolidado como una prioridad global, reflejada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que llama a adoptar medidas urgentes frente a sus impactos.
Sin embargo, el reconocimiento del problema no ha sido suficiente para transformar la respuesta institucional. Persisten vacíos en la coordinación entre sectores, en la incorporación de enfoques interdisciplinarios y en la capacidad de actuar con la escala que requiere la crisis.
A quién afecta y por qué es un problema de justicia
Uno de los ejes centrales de la jornada fue evidenciar que el cambio climático no afecta a todos por igual. Sus impactos siguen una lógica profundamente desigual.
Los territorios con mayor riqueza ambiental, como la Amazonía, el Pacífico y amplias zonas rurales andinas, son también los más vulnerables. Allí convergen factores como la pobreza, la limitada presencia institucional y la dependencia directa de los ecosistemas para la subsistencia.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas enfrentan una paradoja evidente: han contribuido en menor medida a la degradación ambiental, pero soportan las consecuencias más severas. La pérdida de cultivos, el desplazamiento, la afectación de fuentes de agua y la transformación de sus territorios impactan no solo su economía, sino sus formas de vida, su cultura y su relación con la naturaleza.
En ese contexto, la crisis climática se revela como una crisis de justicia. No solo por la distribución desigual de sus efectos, sino por las barreras que enfrentan estas poblaciones para acceder a mecanismos de protección, participación y reparación.
El papel de las instituciones
El debate también puso en cuestión la capacidad de las instituciones para responder a este escenario. Aunque existen avances en normativa ambiental y en compromisos internacionales, la brecha entre lo que se declara y lo que se implementa sigue siendo amplia.
Las políticas públicas no siempre logran traducirse en acciones concretas en los territorios. La financiación climática continúa siendo insuficiente o de difícil acceso para las comunidades más afectadas, y los procesos de toma de decisiones suelen mantenerse centralizados, con baja participación local.
En este contexto, se hizo evidente la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos niveles de gobierno, así como entre el conocimiento técnico y los saberes territoriales. Sin esa conexión, las soluciones corren el riesgo de ser parciales o desconectadas de las realidades que buscan transformar.
La justicia como actor clave
Uno de los planteamientos más relevantes de la jornada fue el rol que debe asumir la justicia frente a la crisis climática. Ya no se trata únicamente de sancionar daños una vez ocurren, sino de anticiparse a ellos.
Como lo señaló la Vicerrectora de la Universidad del Rosario durante la apertura del encuentro:
“En un contexto marcado por la intensificación del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la creciente complejidad de los conflictos ambientales, el derecho se enfrenta a un desafío fundamental: responder de manera eficaz a fenómenos que, por su naturaleza, desbordan los esquemas tradicionales de regulación y responsabilidad.”
En esa misma línea, enfatizó:
“En este escenario, la justicia ya no puede limitarse a intervenir una vez ocurrido el daño. Está llamada, cada vez con mayor claridad, a desempeñar un papel preventivo, orientador y, en muchos casos, restaurativo”.
Colombia ha sido referente internacional en decisiones que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, el reto actual es avanzar hacia una integración sistemática del enfoque climático en las decisiones judiciales. Esto implica considerar los impactos a largo plazo, la protección de las generaciones futuras y la relación entre ambiente y derechos humanos.
Cada fallo judicial tiene el potencial de incidir en políticas públicas, redefinir responsabilidades y abrir caminos hacia modelos más sostenibles. Al mismo tiempo, cada omisión puede profundizar las brechas existentes.
De la evidencia a la acción
A lo largo de los paneles, quedó claro que el desafío ya no es comprender la crisis, sino actuar frente a ella. El consenso científico existe, las alertas están dadas y los marcos normativos han avanzado. Lo que falta es decisión.
La discusión sobre responsabilidad por daño ambiental evidenció cómo el derecho debe adaptarse a escenarios cada vez más complejos, donde los impactos son acumulativos, transfronterizos y, muchas veces, irreversibles. Esto exige nuevas herramientas jurídicas, pero también una transformación en la forma de interpretar y aplicar las existentes.
Más allá del ámbito legal, se insistió en tres condiciones esenciales para avanzar: garantizar acceso equitativo al financiamiento climático, asegurar la participación real de las comunidades en la toma de decisiones y articular el conocimiento científico con los saberes locales.
Sin estos elementos, cualquier estrategia de acción climática corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que pretende resolver.
Un compromiso que va más allá
El cierre de la jornada, con la firma de la declaración conjunta por la justicia climática y el equilibrio ecológico, dejó un mensaje que trasciende el evento. La respuesta a la crisis no puede ser fragmentada ni sectorial.
Se requiere una acción coordinada entre instituciones, territorios y ciudadanía, donde la justicia no sea un componente adicional, sino el eje que oriente las decisiones.
La III Jornada de Justicia Ambiental deja una conclusión difícil de evadir. Frente al cambio climático, ya no basta con saber qué hacer. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir las transformaciones necesarias y, sobre todo, a hacerlo con un sentido profundo de justicia.
