Un panorama global acerca de la relación existente entre Mujeres y Pobreza[1] permite evidenciar algunas de las numerosas brechas de género existentes en el mundo, y en diferentes ámbitos: si hablamos de esperanza media de vida para las mujeres, es de 82 años en los países de ingresos altos y de 63,1 años en los países de bajos ingresos. En términos financieros, más de 1300 millones de mujeres no tienen una cuenta en una institución financiera formal[2]; Y, en materia de educación, para las niñas de zonas rurales en edad escolar primaria, la probabilidad de no asistir a la escuela es dos veces mayor que para las niñas de zonas urbanas. Así, por ejemplo, en África subsahariana solo el 23% de las niñas pobres de zonas rurales finalizan la educación primaria.

Recientemente, la entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres, publicó su más reciente estudio acerca del “Empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica en América Latina y el Caribe (2014-2017)”[3], una publicación de gran importancia para nuestra región, no solo porque ataca uno de los principales problemas en materia de desarrollo, como lo es la desigualdad existente entre hombres y mujeres; sino también porque posiciona esta problemática como uno de los ejes fundamentales de trabajo para la agenda posterior a 2015, fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

En este documento, se presenta un plan de acción con miras a lograr la equidad de género en nuestra región, a partir de cuatro estrategias de intervención concretas y cinco objetivos específicos: las líneas estratégicas buscan crear puentes, coordinar y liderar iniciativas, cuya finalidad sea la de garantizar y promover la igualdad de género y defender los derechos de las mujeres; generar conocimiento en esta materia; brindar asistencia técnica a los países; y desarrollar y fortalecer capacidades a través de la transferencia de conocimiento.

En ese sentido, ONU Mujeres busca promover la democracia paritaria, a través de medidas afirmativas. La integración de la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones; fortalecer el liderazgo de mujeres; promover partidos políticos que favorezcan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia.

Todo esto demuestra el gran compromiso nacional, regional e internacional, que tanto las ONG como los Estados y la sociedad civil tienen frente a este gran reto. Sin embargo, ¿por qué es tan importante contar con la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas?, ¿de qué manera contribuye su presencia y participación en política contribuye a la legitimidad democrática, el buen gobierno y un desarrollo sostenible?

Para comenzar, es indiscutible el hecho de que los países de Latinoamérica y el Caribe cuentan con un sistema de gobierno democrático y representativo, razón por la cual todos los grupos sociales deben estar representados, especialmente las mujeres, que constituyen la mitad de la población, en términos generales. Es por ello que se habla de una representación paritaria en los espacios de decisión política, en las diferentes ramas de poder del Estado, así como también en los partidos políticos y organizaciones sociales. No obstante, cabe resaltar que no basta con la presencia de las mujeres en dichos espacios, sino con las oportunidades efectivas que tengan para representar y acceder a los espacios y órganos de decisión política.

Por otra parte, dado que las mujeres representan la mitad de la población, solo si están representadas de forma paritaria en espacios de toma de decisión política se puede garantizar que sus intereses, preocupaciones y prioridades puedan ser tenidos en cuenta a la hora de identificar, planificar y ejecutar las políticas públicas.

Además, la participación de las mujeres aporta ideas y formas de actuar diferentes o, por lo menos, complementarias a las de los hombres, debido a los distintos roles y experiencias que derivan de aprendizajes diferenciados. Este último argumento resulta de gran importancia, debido a que la participación de las mujeres contribuiría, de manera significativa, a modificar los marcos mentales en que tradicionalmente basamos nuestras decisiones y que, a lo largo de los siglos, han perpetuado la discriminación y la desigualdad de género.

Pese a haber hecho evidentes la importancia de la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas, que indiscutiblemente contribuirían a la consolidación de una democracia paritaria, aún es necesario hacer frente a las causas que todavía limitan e impiden el pleno ejercicios de los derechos políticos de las mujeres; causas que, generalmente, son de tipo estructural y que, sin lugar a duda, representan el mayor reto por superar.

Una de las principales tesis que se ha presentado para responder a la pregunta del porqué hay menos mujeres que hombres en política, hace referencia a que las mujeres no están interesadas en ella, lo que explicaría su poca representación en instituciones y partidos políticos. Asimismo, se ha argumentado que son las mismas mujeres quienes han creado limitaciones para acceder a espacios de decisión política, debido al “temor y la desconfianza ante el ejercicio del poder, tanto por serles desconocido como por la relación que el concepto tiene con la fuerza, el autoritarismo y la imposición”[4].

Por otra parte, las razones que explicarían la persistente diferencia en la representación política entre hombres y mujeres son múltiples y dependen de los contextos históricos, económicos, políticos, sociales o culturales de cada país. Por dicho motivo, es imprescindible analizar las estructuras de poder, las organizaciones partidarias, la situación de las mujeres en todas las esferas de su vida: brechas económicas, su vulnerabilidad, falta de apoyo para conciliar la dimensión familiar con la dedicación a la política; así como las propias actitudes de las mujeres ante el poder, además de otros factores culturales o sociales.
Sin olvidar las especificidades de cada país, es posible enumerar varias causas comunes y sistemáticas presentes en América Latina y el Caribe, que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos:

• Los estereotipos de género y un prejuicio generalizado en el cual lo público es cosa de hombres, mientras que el ámbito de lo doméstico y lo privado sería el espacio natural de la mujer.
• La falta de apoyo familiar, del propio cónyuge y la presión contraria a la participación de la mujer en ámbitos de representación política
• La maternidad precoz, embarazos adolescentes, y el consecuente abandono de la formación y la vulnerabilidad en el empleo y autonomía económica
• El acoso, violencia y discriminación que sufren las mujeres, en general, y en la política, en particular
• Los obstáculos relacionados con las desigualdades del orden socioeconómico, las brechas de los ingresos económicos y los distintos niveles de educación de las mujeres respecto de los hombres
• La estructura y cultura machista de los partidos políticos, sobre todo en las estructuras directivas, en todos los niveles, desde lo local a lo estatal; entre otros.

No obstante, no todo es negativo: en la región hemos presenciado factores históricos y políticos, en los últimos cincuenta años, que han propiciado una indudable mejora para la ciudadanía de las mujeres. Por ejemplo, los movimientos feministas, en su labor de oposición durante las dictaduras, se sumaron a la ola de democratización, vinculando el proceso democrático con la superación de iniquidades.

Del mismo modo, el proceso normativo de incorporación en la región del discurso de la igualdad de género, ha avanzado paralelamente con un cambio cultural, que ha revalorizado las capacidades y el rol de las mujeres; y ha hecho partícipes, a los diferentes países de la región, de importantes compromisos internacionales como la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Declaración de Beijing, la firma y ratificación de la CEDAW, entre otros.

A pesar de que la región de las Américas tiene actualmente el porcentaje más alto de mujeres parlamentarias (después de los países nórdicos), de que hoy en día cinco mujeres sean jefes de Gobierno o de Estado de sus países, y que algunos países de la región están entre aquellos con la representación más alta del mundo[5], cualquier estrategia dirigida a incrementar la participación política de las mujeres deberá integrar esos factores estructurales, tras un análisis y adaptación a cada contexto y país.

Y es allí donde todos los Gobiernos tienen una gran responsabilidad en materia de equidad de género; especialmente el Gobierno colombiano, que deberá diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la inclusión multidimensional de una perspectiva de género, tanto en el actual proceso de paz que se está adelantando con las FARC, como en las políticas públicas en materia de posconflicto, y así contribuir no solo a reconciliación y reparación del país, sino a la reconstrucción de una sociedad mucho más desarrollada, una sociedad democráticamente paritaria.