Aunque el resultado de las elecciones legislativas de Birmania favoreció, como indicaban los pronósticos, a la oposición, en cabeza de la líder Aung San Suu Kyi (Nobel de Paz en 1991), la dimensión de su victoria parece superar las expectativas más optimistas de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Con estas elecciones el país confirma su avance hacia una democratización, luego de que en 2011 la Junta Militar hubiese sido formalmente disuelta, y la transformación se haya concretado a través de la presencia de la Nobel de Paz en el Parlamento, la liberación de otros presos políticos, algunas garantías para la libertad de prensa y la apertura económica. 

En los comicios, que tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre, entre 75% y 85% aproximadamente de los votos fueron para la LND, lo que le daría un margen de acción notable en la formación del próximo gobierno. El sistema político birmano, surgido de la transición iniciada en 2011, es bastante complejo y contiene atipicidades como el otorgamiento de una cuarta parte de los escaños del Parlamento o Hluttaw para una representación militar del establecimiento anterior, y que, como es de suponerse, no sale elegida por sufragio. A esto se suma el poder de veto con el que cuenta este segmento, uno de los grandes obstáculos para una democratización plena. 

La elección del presidente tampoco es sencilla. Cada uno de los tres grupos que componen el legislativo, es decir, cámara baja, cámara alta y los militares, deben proponer un candidato que, en sesión plena, debe ser escogido. Se trata, por tanto, de una elección indirecta y que puede tomar un largo tiempo de negociación (se calcula que hasta marzo podría ocurrir, según una nota explicativa de la BBC). Se debe aclarar que, a pesar del peso y la relevancia de Aung San Suu Kyi, no podrá convertirse en presidente pues la Constitución birmana, en su artículo 59, lo prohíbe para quienes tengan hijos nacionales de una potencia extranjera. Sus dos hijos tienen pasaportes británicos. Es inocultable que se trata de una norma redactada para impedir su llegada al poder.

Este nuevo escenario revela desafíos para la democratización de Birmania y pone de manifiesto las dificultades enormes por el legado del aparato militar, que seguramente no cederá espacios políticos y menos con una derrota tan aplastante como la sufrida en las pasadas elecciones (apenas consiguió un 7% de los votos). Cabe señalar que el máximo dirigente del Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión, que congrega a los exmilitares, reconoció la derrota, asegurando que se debían encontrar sus razones . De igual forma, el comandante del ejército, general Min Aung Hlaing, felicitó públicamente a la líder de la LND. Esto también hace pensar en una voluntad, por parte de los militares, de concederle algunos espacios políticos a una oposición que ha ganado en casi todos planos.

No obstante, quedan algunas minorías étnicas, especialmente la de los rohinyá, que no se sienten vinculadas en el proyecto de Estado que se ha venido negociando desde 2011. Es más, en las últimas elecciones no pudieron ejercer el derecho al sufragio, pues aún no cuentan con documentos legales e, históricamente, les ha sido negado cualquier tipo de reconocimiento. Se calcula entre 800 000 y un millón el número de personas que hacen parte de este grupo, que está ubicado en el Estado de Arakán, al occidente del país, y que profesa el islam. En 1982, los militares los declararon apátridas y fueron excluidos de las 135 etnias reconocidas legalmente. Desde ese entonces, el gobierno birmano ha asegurado que se trata de migraciones provenientes de Bangladesh, a pesar de registros históricos que indican su presencia desde 1823. Así lo recuerda Romain Geoffroy en Le Monde, en una reseña sobre esta etnia apartada, y que en medio de la efusión por la victoria de la LND, recuerda pasivos históricos del Estado birmano, sobre los cuales no existe ni siquiera un principio de solución. En octubre de este año, la Clínica de Derecho Internacional Humanitario Allard K. Lowenstein, de la Universidad de Yale, publicó un informe que denuncia la comisión de genocidio contra dicho grupo.  

Es más, en repetidas ocasiones Aung San Suu Kyi ha sido criticada por su silencio ante los abusos cometidos en contra de los rohinyá, actitud que podría explicarse por intereses electorales. Entre el 80% y 90% de la población birmana es budista, y menos del 10% musulmana.

A pesar de ello, el escenario actual birmano no deja de ser prometedor, y los cambios presagian una fase de democratización difícilmente reversible, como ocurrió en 1990, cuando la Junta Militar desconoció el resultado de las elecciones. Uno de los primeros síntomas de una transición exitosa consiste, precisamente, en que el proceso no tenga vuelta atrás, y las posibilidades de ruptura constitucional se aminoren hasta el punto de que cualquier crisis, por grave que sea, se tramite dentro del marco de los mecanismos dispuestos por la democracia. 

Se pueden identificar tres desafíos mayores para un tránsito despejado a la democracia. En primer lugar, las presiones de los representantes del viejo orden militar, que aún gozan de poder para incidir en el  Hluttaw y con un poder de veto que deberá desaparecer al compás que la sociedad civil se apersone y apropie del proceso. De lo contrario, dicho segmento de exmilitares dispondrá de una herramienta de bloqueo al sistema, que puede paralizar al gobierno y entorpecer la democracia a punta de crisis recurrentes.

En segundo lugar, y como ha ocurrido en otras transiciones, deberá entenderse que la democratización no resuelve todos los problemas de un Estado; y que en momentos de transición, cuando el optimismo abunda, se suele creerla respuesta a todo. El éxito de esta transición depende de una madurez y realismo político para no achacar a la democracia lo que no pertenece a su ámbito.

Finalmente, no puede haber democracia cuando se impone la dictadura de una mayoría o cuando las instituciones desconocen los derechos de alguna etnia, en este caso la de los rohinyá. Hasta ahora, el único plan de acción se logró por presión de la comunidad internacional, a finales de 2014, para lograr su regularización. Sin embargo, para estas elecciones, sus documentos de identidad fueron revocados, dejando en evidencia la poca voluntad por hallar una salida duradera. Se trata, por lo visto, de un tránsito complejo que apenas comienza.