En los últimos diez años, y luego del caso Cambridge Analytica en los Estados Unidos y el Reino Unido, las campañas políticas en las democracias han dado un giro decisivo. Las sociedades democráticas se enfrentan hoy, no solo a la atomización de los partidos, a las tradicionales dinámicas de poder y contra poder en los medios de comunicación y las encuestas, y a la polarización del debate político por discursos de odio y de caudillismo, además un nuevo fenómeno se estructura: el de la IA. En el cual las grandes plataformas y las redes sociales se convierten en protagonistas y orientadores de la opinión pública mediante el procesamiento masivo de bases de datos. El manejo a escala industrial de los datos de las personas ha permitido instrumentalizar la transmisión del discurso para orientar y perfilar al votante suprimiendo toda lectura critica o analítica. En esta nueva realidad la democracia ha tomado una dimensión desconocida, donde la intermediación de los partidos políticos es cada vez menos importante y donde la comunicación y el “dialogo” con el elector se hace de forma directa, sin filtros racionales, y más mediante impulsos y estímulos emocionales. Por ello, es necesario preguntarnos desde el derecho público y la especialización en derecho administrativo ¿Cuáles son los riesgos que construye la IA frente a los valores democráticos y la legalidad electoral cuando se utiliza para desinformar y perfilar al elector?

En Colombia, las normas sobre uso de tecnologías como la IA son todavía inexistentes. El país tiene vacíos legales, que se están llenando con interpretaciones del régimen de protección de datos personales ley 1581 de 2012, normas instructivas de la autoridad regulatoria como de la SIC (Circular 002 de 2024 y Circular 002 de 2026) y jurisprudencia desarrollada por los jueces como la Corte Constitucional S-748 de 2011 y la T-067 de 2025 y recomendaciones del Consejo Superior de la Judicatura. Y es en esta dispersión normativa y de fuentes donde se debe construir una nueva legalidad electoral para afrontar los desafíos democráticos del presente. 

Asi, en la realidad de la virtualización, de la digitalización y de la utilización masiva de datos públicos y personales para comunicar el discurso político, es en donde se hace necesario preguntarnos desde la universidad ¿cuáles son los limites jurídicos y éticos que una campaña política debe contemplar para ejercer la democracia en la era digital? Y si el contencioso administrativo electoral es el contencioso de la legalidad electoral entonces ¿cómo adaptar hoy los lineamientos jurídicos y jurisprudenciales frente al uso de tecnologías como la IA y los datos personales en las campañas políticas para analizar la nulidad electoral?  ¿cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas frente a una campaña electoral que no ha respetado los lineamientos jurídicos y éticos de uso de la IA y de los datos personales? ¿El caso anulación campaña presidencial en Rumania, por parte del tribunal constitucional y rechazado para su revisión por la corte Europea de Derechos Humanos, podría ser un referente desde el derecho comparado?

Sin duda a finales de 2026 el contencioso electoral en Colombia comenzara a tomar una nueva dimensión y el juez administrativo y constitucional deberá explorar nuevos significados y métodos de interpretación para desarrollar conceptos jurídicos que respondan a esta nueva realidad.

Será este el dialogo académica que propone la especialización en derecho administrativo de la Universidad del Rosario, para su IX semana académica y catedra internacional inaugural en 2026. 

Contaremos como invitados al Magistrado Omar Juaquin Barreto del Consejo de Estado, Con la Magistrada Lina Escobar de la Corte Constitucional, con el profesor Andrés Molano director de la Maestría de Comunicación Política Digital de la Universidad del Rosario y con Gonzalo Araujo directo de ORZA comunicaciones.