El Decreto Legislativo 660 de 2020 establece que el Ministerio de Educación podrá organizar las semanas de trabajo académico anuales en periodos distintos a los previstos por la norma La intervención del GAP se dio en el marco del proceso de revisión automática de constitucionalidad del decreto mencionado.

El GAP intervino argumentando la constitucionalidad del decreto. Afirmando que el decreto cumple con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, acoplándose al contexto y los riesgos que trae consigo el COVID19, así como las consecuencias del cambio de modalidad que se dio a raíz del Estado de Emergencia. Finalmente, recalcó la necesidad de incluir enfoques diferenciales referentes al aspecto territorial, étnico y el correspondiente a la población en condición de discapacidad a la hora de ejecutar la medida.

Aún no hay pronunciamiento de la Corte en cuanto a la constitucionalidad del Decreto 660. Las últimas actuaciones realizadas han sido la recepción del concepto del Procurador General de la Nación y la manifestación de impedimento de la magistrada Diana Fajardo Rivera.