El objeto de la presente ley es establecer el procedimiento para que los municipios acrediten la posesión de lo bienes y su destinación para el uso público o prestación de un servicio público.

Siendo así, en los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o de cualquier orden exijan como requisito para financiar proyectos de inversión con los municipios prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que se acredite la posesión del bien y su destinación al uso público o prestación de un servicio público por parte de la entidad territorial a través de la junta de acción comunal.