Mientras Venezuela parece colapsar por el ruido del default, con claros efectos políticos inmediatos y en el mediano plazo, Ecuador reafirma un modelo de izquierda que da muestras claras de viabilidad, desde el punto de visto económico como social. Un marcado contraste entre dos esquemas de izquierda progresista, que pone en evidencia que no resulta imposible la puesta en marcha de un proyecto políticos de tales matices ideológicos, siempre y cuando no se abandone la racionalidad, y los equilibrios.

Escudo de Ecuador

El pedido formal de la fiscalía general del Ecuador, en contra del vicepresidente Jorge Glas por haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht y por lavado de activos, parecen debilitar fuertemente a los aliados del ex presidente Rafael Correa, quienes son hoy en día, los más duros y desafiantes opositores a la gestión de Lenín Moreno. Por más sorprendente que parezca así es. La oposición al actual gobierno, no la encarna Guillermo Lasso quien lo enfrentó en las elecciones, sino los propios aliados del actual presidente en los comicios pasados.

Con la prisión preventiva para Jorge Glas, y con la puesta en marcha de una consulta popular de siete puntos que deben significar la marca personal de Lenín Moreno en la restructuración del Estado ecuatoriano, la ruptura con su antecesor será irreversible. De aprobarse como todo parece indicar, el mandatario podrá contar con un margen de gobierno para seguir adelante, sin que se piense que su popularidad o aceptación son adjudicables a su cercanía pasada con su antecesor.

Para evitar una crisis de legitimidad por supuestamente haber traicionado al expresidente Correa, Moreno apelara a comienzos de 2018, a una consulta popular para que sean directamente los ecuatorianos, quienes decidan sobre asuntos espinosos que requieren de un amplio consenso. Entre los aspectos de la consulta sobresalen tres que de ser aprobados, significarían un triunfo para el actual mandatario en el pulso con el poderoso expresidente y a sus aliados más cercanos en Ecuador, Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño.

El primer aspecto clave de dicha consulta popular, consiste en la derogación de la relección indefinida que la Asamblea Nacional (aparato legislativo) incluyó en diciembre de 2015 y cuya entrada en vigencia se pactó para las elecciones de 2021. Esta medida se habría adelantado según sus contradictores de manera ilegítima por al menos dos razones. En primer lugar, porque a pesar de ser una reforma sustancial de la Constitución de 2009 que solo permite una relección, debía hacerse por consulta popular. Para ese entonces, el movimiento de Rafael Correa, Alianza PAIS, tenía una mayoría calificada en dicha Asamblea, por lo cual estaba en la facultad de adelantar fácilmente dicha trasformación. Y segundo, decían los críticos de la reforma, esa enmienda se hizo para posibilitar el retorno en la política de Rafael Correa, es decir se legisló pensando en una persona. La apuesta era simple. Después del mandato del gobierno subsiguiente, el modelo sufriría un desgaste que haría añorar las épocas del marcado y exitoso liderazgo de Rafael Correa. Éste volvería al país luego de su exilio en Bélgica, donde reside desde que abandonó el poder en mayo de este año, para la campaña de 2021 y encauzar así la Revolución Ciudadana. No obstante, si se aprueba este punto de la próxima consulta popular, Correa quedaría impedido para volver. Con esto, además, se le devuelve un equilibrio necesario al sistema ecuatoriano que peligrosamente se acercaba a un modelo autoritario.

La segunda cuestión de peso que se incluirá en la consulta popular, es una reducción sustancial del área explotable de la reserva natural del Yasuní, que pasaría de poco más de 1000 a 300 hectáreas. La decisión del mandatario anterior de permitir la explotación de los yacimientos en una porción pequeña de dicha zona, había causado enérgicas protestas de quienes consideraban que Correa traicionaba una promesa, que además fue emblemática de la promoción del desarrollo sostenible, y de una defensa a ultranza del ambiente. Dos puntos que Correa parecía preconizar genuinamente.

Con esta reducción sustancial del área a explotar, Moreno se asegura el apoyo de un sector importante de indígenas y ambientalistas. Ahora bien, es importante recordar la motivación de Correa para proponer la explotación de dicha reserva. Inicialmente, ese gobierno había propuesto un plan de cooperación internacional para compensar la no explotación de los 800 mil barriles que se calcula están en el subsuelo, y así Ecuador recibiera a cambio 3600 millones de dólares. No obstante, el Estado apenas pudo recaudar 376 millones de dólares otorgados por los donantes. A eso se suma que la Amazonía ecuatoriana es una de las más pobres del país, de allí la urgencia para explotar esos recursos. Esto explicaba la decisión de Correa, cuyo cambio de rumbo propuesto por Lenín Moreno será sometido a discusión popular.

Y el tercer punto de los siente que sobresale, consiste en un tema que últimamente preocupa mucho a los ecuatorianos, la corrupción. Por ende, otras de las preguntas apunta a si la gente está de acuerdo con inhabilitar políticamente a condenados por corrupción. Se trata de una reforma que busca sanear la política y devolverle la legitimidad. Ahora bien, difícilmente se vence la corrupción por la vía de una reforma a las leyes, valga decir por tanto que es apenas un camino.

Se trata de una consulta popular que será definitiva para la gobernabilidad en Ecuador. Además, confirma la tendencia a la moderación que prima en la izquierda, cuando pretende trascender y ser viable en el largo plazo.