El silencio roto: cuando un crimen a puerta cerrada grita ante la justicia
By: Amira Abultaif-Kadamani - DOI https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.49065_num8
Photos: Freepik.es
By: Amira Abultaif-Kadamani - DOI https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.49065_num8
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Un episodio de violencia marital abre un debate jurídico profundo: ¿qué pasa cuando un testimonio se enfrenta a otro? ¿Cómo se conjugan la presunción de inocencia, el enfoque de género y el peso de las pruebas en delitos que ocurren en la intimidad de una alcoba? Esto fue lo que dilucidó un proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
A la madrugada del 14 de octubre de 2015, en una casa del municipio de Urrao, Antioquia, una mujer gritó tan fuerte que sus vecinos la escucharon. Según narró después ante la justicia, su esposo la había golpeado en el cuello, la arrastró hasta una habitación y la forzó a tener relaciones sexuales. En el dormitorio contiguo, su hijo también oyó los gritos de su madre.
Al día siguiente, el hombre le dijo a la mujer que “era su esposa y tenía que corresponderle como tal”, una frase que durante años funcionó como amenaza, justificación y jaula.
Esa fue la última agresión de Jhon Fredys Carvajal antes de que Natalia Andrea Aguirre huyera de casa y lo denunciara. Aquella noche no hubo testigos directos. Como en casi todos los delitos sexuales, solo dos voces llegarían al juicio: la de la víctima y la del acusado.
Quizá, la mayor suspicacia que despierta la aplicación del enfoque de género es, si la presunción de inocencia corre riesgo.
Entre 2009 y 2015, Carvajal accedió carnalmente a su cónyuge por vía vaginal y anal, de manera violenta y sin consentimiento, apelando a golpes y agresiones verbales reiteradas y sucesivas.
Durante esos años, esta pareja que se casó oficialmente en 2014, vivió itinerante en los municipios de Pacho, Ubaté, Samacá, Sogamoso y Urrao, donde se produjo el ultraje final que motivó la denuncia.
Carvajal fue capturado en marzo de 2021, luego de que la fiscalía le imputara el delito de “concurso homogéneo sucesivo de delitos de acceso carnal violento agravado por recaer en la cónyuge”.
El caso terminó en un proceso penal que recorrió tres niveles.
Primera instancia: absolución
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao consideró que el testimonio de la víctima era insuficiente, porque no había adjuntado prueba médica, psicológica o historia clínica que lo soportara y, llegó a calificar lo narrado como una “tesis vacía, débil y poco creíble”.
Segunda instancia: condena a 16 años de prisión e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas
En marzo de 2023, el Tribunal de Antioquia aplicó un enfoque de género y concluyó que, no era razonable exigir pruebas imposibles en delitos que ocurren en privado. También reconoció que, “para dar credibilidad a las mujeres víctimas de delitos sexuales, no es necesario corroborar hasta la saciedad sus afirmaciones” y, que en este caso, los testimonios familiares (de su hermana, su mamá y su hijo), respaldaban su relato sobre el entorno de violencia física y psicológica en donde se hallaba inmersa.
Impugnación especial: ratificación de la condena
Pese a que la defensa pidió revertir el fallo, alegando violación del derecho probatorio y de la presunción de inocencia, la Corte Suprema de Justicia lo confirmó en noviembre de 2023. Su sentencia no solo analizó este caso concreto, sino que se convirtió en una pieza jurisprudencial clave en donde reitera que, aplicar el enfoque de género es un mandato no solo constitucional (en tanto que la protección a la mujer y la erradicación de la violencia contra este grupo poblacional, ‘históricamente víctima de desafueros’ está cobijado en la Carta magna colombiana), sino también supraconstitucional (por los convenios internacionales a los cuales Colombia ha adherido).

“Lo que hemos buscado quienes trabajamos estos temas, es hacer análisis críticos del derecho y mostrar en qué falla, cuando trata casos de mujeres o de colectivos históricamente discriminados, para que esas dinámicas de opresión no sean perpetuadas o repetidas”, afirma la abogada y profesora de la Universidad del Rosario, María Camila Correa Flórez.
Para María Camila Correa, abogada y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el enfoque de género irrumpe en la narrativa judicial tradicional, generando un prisma distinto en el análisis jurídico moderno. En la evaluación de este caso, realizada en conjunto con su estudiante (hoy ya graduada) María José García Prada, expresa que “de esta providencia se podría extraer una regla jurisprudencial y, al menos, una sub regla: la primera, de corte general, referente a que la aplicación del enfoque de género en procesos penales en general, y en aquellos que versan sobre violencia sexual en especial, es un deber judicial que, además, no riñe con la presunción de inocencia y la libertad probatoria [principio que determina que no existe una única manera de probar un hecho]; y la segunda, que, aplicando el enfoque de género en casos de violencia sexual se superan algunos mitos de violación, tales como los relativos a que las víctimas mienten [para ocultar sus propias desviaciones, vengarse de los hombres o encubrir infidelidades, entre otras razones] y a la imposibilidad de que exista violación conyugal”.
La abogada insiste en un punto que discurre en su investigación de más de una década: “Lo que hemos buscado quienes trabajamos estos temas, es hacer análisis críticos del derecho y mostrar en qué falla, cuando trata casos de mujeres o de colectivos históricamente discriminados, para que esas dinámicas de opresión no sean perpetuadas o repetidas”. Su motivación es esencialmente feminista: “Siempre me he identificado como tal. Entiendo el derecho como una herramienta para hacer justicia y transformar vidas, y el feminismo, como una forma de aproximarse al mundo que, en últimas, busca la igualdad”.
Correa subraya que la base de la discriminación se cierne en torno al género de los implicados, bien sea por ser mujeres, identificarse como tales o por tener una orientación sexual diversa que va “en contra de los estereotipos tradicionales de género”.
La defensa del esposo alegó que, no había certeza suficiente para proferir una condena, porque solo existía un testimonio directo y, además, él y la víctima se habían casado en 2014, lo cual, sugería que la relación no estaba mal: “Los presuntos abusos no han de ser más que falsos, ya que después de compartir tanto tiempo con una pareja y procrear hijos, resulta poco probable el hecho de querer abusar de su cónyuge”. Insistió, de igual forma, en que no había pruebas médico-legales que confirmaran el crimen.
Y ante este panorama, surge la pregunta que tensiona todo el caso: ¿Qué pasa cuando la justicia penal enfrenta dos voces opuestas ante sucesos que ocurren en privado? La Corte recordó que los delitos sexuales se cometen a puerta cerrada, pero esto no invalida de entrada un relato acusatorio. Para apoyar la credibilidad de la víctima en ausencia de testigos directos, está la corroboración periférica que, en estos casos, cobra especial importancia. Se trata de un análisis contextual que verifica si, las narraciones coinciden con elementos externos (lugar, tiempo, estado emocional o físico de la víctima, testigos indirectos y antecedentes de violencia, entre otros). En este caso, la hermana, la madre y el hijo de Natalia Andrea Aguirre no vieron los hechos, pero sí atestiguaron las secuelas: el miedo, los golpes, la tristeza, la huida y los silencios.
Uno de los elementos más reveladores del caso fue el reconocimiento del Síndrome de Adaptación Paradójica, que se usó para explicar por qué muchas mujeres no denuncian inmediatamente o permanecen con su agresor.
Según la Corte, la Fiscalía, como ente acusador, fue negligente al contemplar solo un episodio de violación (que motivó la denuncia), sin señalar que se trataba de una acción reiterada y, por ende, no acopiar ni presentar las constancias de las diversas consultas y atenciones de urgencia a las cuales tuvo que acudir la víctima, conforme con su testimonio, para curar las lesiones derivadas de los abusos y los vejámenes psicológicos que padeció.
La Corte rechazó firmemente los argumentos de la defensa, en su intento por minar la credibilidad de la víctima, apelando a estereotipos machistas, e indicando que tales planteamientos revictimizan a Aguirre, al tratarla como mentirosa para descartar la comisión de un delito. Así mismo, estableció que el juez de primera instancia desconoció el principio de la libertad probatoria, “en virtud del cual los elementos de un delito pueden ser acreditados con cualquier medio demostrativo válido”.
Uno de los elementos más reveladores del caso fue el reconocimiento del Síndrome de Adaptación Paradójica, que se usó para explicar por qué muchas mujeres no denuncian inmediatamente o permanecen con su agresor. El Tribunal y la Corte lo describieron como la tendencia de algunas víctimas a justificar el comportamiento del agresor, aceptar sus arrepentimientos y, por temor, conveniencia económica o presión cultural, guardar silencio.
La víctima explicó que durante años creyó, por creencias religiosas y frases que le repetían, que debía someterse porque “la mujer deja de ser dueña de su carne y le pertenece a su esposo”. La Corte, sin embargo, recordó que “bajo el supuesto de un débito conyugal en las relaciones maritales, no pueden pretextarse los atentados a la integridad sexual de la mujer con vínculo conyugal o de hecho vigentes”, reiterando que la voluntad y el consentimiento son el núcleo de las relaciones sexuales, no el estado civil.
Quizá, la mayor suspicacia que despierta la aplicación del enfoque de género es, si la presunción de inocencia corre riesgo. Para Correa, esta es una idea muy errada porque esta perspectiva es simplemente “una forma de aproximarse al proceso, teniendo en cuenta el contexto y las experiencias de las víctimas, sean mujeres o no, que históricamente hayan sido discriminadas y, para ello, es indispensable agudizar la mirada”. Para la abogada, el estándar probatorio sigue siendo el mismo, pero lo que el enfoque de género exige es que los funcionarios judiciales no caigan en estereotipos ni prejuicios para fundar sus decisiones.
En su sentencia, la Corte aseguró que, el primer juez del caso acertó al decir que “la Fiscalía desplegó una deficiente actividad probatoria, de manera que se mantuvo incólume el derecho a la presunción de inocencia de Carvajal”. De igual forma que, el Tribunal “dio por cierto todo lo declarado por la víctima, sin hacer un análisis exhaustivo, sin pruebas de corroboración y fundado únicamente en que es mujer, desconociendo normas de orden público”.
Pero en medio de argumentos farragosos de parte y parte, para el máximo órgano de justicia de Colombia, es claro que la aplicación de una perspectiva de género no fractura, de facto, la imparcialidad.
El psiquiatra forense Franklin Escobar reconoce la importancia del enfoque de género, debido a la prevalencia del maltrato hacia las mujeres, en un contexto social donde la violencia hacia ellas es evidente y cotidiana. Sin embargo, advierte que a veces, se excede en el uso de este enfoque, otorgando credibilidad automática a denuncias basadas solo en testimonios, lo cual puede conducir a condenas injustas, si no existen otras pruebas materiales. A su juicio, entre el 10 y el 15 % de los casos podrían tener estos desequilibrios, lo cual amerita una evaluación más estricta, con miras a evitar que las personas terminen inculpadas por delitos que no hayan cometido.
Escobar contrasta el sistema penal colombiano con el estadounidense para explicar esta situación: cuando solo existe la palabra de la presunta víctima y la del presunto victimario, en Estados Unidos se falla a favor del acusado por falta de pruebas, pues se considera que no hay forma de condenarlo. En Colombia, en cambio, el enfoque de género puede inclinar la balanza hacia la condena, especialmente, cuando el imputado carece de recursos para conseguir pruebas o refutar las evidencias acusatorias. “Esta situación genera un desbalance en la justicia que perjudica a individuos inocentes”, afirma Escobar, que durante 15 años ha ejercido como psiquiatra forense en Medicina Legal, bien como perito privado o como receptor de peticiones oficiales que llegan a la Universidad Nacional donde es docente.
En medio de las complejidades clínicas y jurídicas del llamado Síndrome de Adaptación Paradójica, también conocido como síndrome de Estocolmo doméstico, el especialista explica que este fenómeno aparece en relaciones de pareja abusivas, cuando la víctima (por miedo, dependencia o rasgos de personalidad), desarrolla mecanismos psicológicos que le impiden reaccionar frente al maltrato, como lo haría una persona no sometida a ese entorno. La víctima puede incluso identificarse con el agresor, justificar su conducta o mantener un vínculo afectivo que dificulta la denuncia y la ruptura del ciclo de violencia.
No obstante, el doctor Escobar aclara que ninguno de ellos constituye un diagnóstico formal recogido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5 en inglés), o la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Aunque en la práctica clínica, no existen como categorías diagnósticas, en el ámbito jurídico algunos jueces las aceptan para describir dinámicas específicas de sometimiento y control emocional en contextos de violencia intrafamiliar.
Para determinar su presencia, “el psiquiatra forense debe realizar una evaluación exhaustiva que incluye revisión de documentos, historias clínicas, exámenes sexológicos y psicológicos, fotografías o videos disponibles, testimonios de terceros, además de una entrevista psiquiátrica forense semiestructurada”, acota Escobar, que aclara que, en el país hay protocolos oficiales para orientar estas valoraciones, especialmente, en casos de violencia conyugal y delitos sexuales. Para él, el reto central es garantizar las evaluaciones técnicas que permitan equilibrar la protección a víctimas y el respeto al debido proceso.