Para Palacios, muchas de las medidas planteadas en el proyecto podrían implementarse sin necesidad de una nueva ley, simplemente ajustando los reglamentos existentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) o los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Sin embargo, señala que la iniciativa parece estar más dirigida a favorecer a las aerolíneas, dejando a los pasajeros en una posición vulnerable.
Uno de los puntos más criticados del proyecto es el procedimiento para presentar quejas. El proyecto establece que los pasajeros deben presentar primero su reclamo ante la aerolínea y, si no se resuelve, ante la Aerocivil. Sin embargo, según el Decreto 2194 de 2021, la Aerocivil no tiene la facultad para sancionar a las aerolíneas en temas relacionados con la protección de los consumidores. En cambio, la Superintendencia de Transporte, que sí tiene estas facultades, no está mencionada en la propuesta.
“El proyecto de ley 167 de 2023 que cursa en el Senado obliga a los usuarios a quejarse ante una entidad que no tiene capacidad para investigar ni sancionar a las aerolíneas cuando no cumplen las normas. Esto pone a los pasajeros en una situación muy difícil”, indica el profesor de nuestra Universidad.
Otro aspecto problemático es que el proyecto otorga a la Aerocivil la responsabilidad de revisar los planes de protección a los pasajeros, una tarea que actualmente corresponde a la Superintendencia de Transporte. Palacios considera que esta medida evidencia un favorecimiento hacia las aerolíneas y podría debilitar aún más la protección de los derechos de los usuarios.
“La Aerocivil y la Superintendencia de Transporte quedaron muy golpeadas tras la integración de Avianca y Viva, evidenciando su falta de capacidad para hacer cumplir la legislación colombiana. Este tipo de iniciativas solo desprotegen aún más a los usuarios”, concluye el experto, quien hace un llamado a la ciudadanía para que el tema tenga mayor difusión y debate público.
