La migración es, sin duda, un hecho histórico que ha marcado importantes hitos en el escenario global y del cual el contexto nacional no es ajeno, ni desde la capital ni en las regiones. Esto conduce a la imperante necesidad de analizar la migración, como hecho humano, desde diversas perspectivas, para lograr así una respuesta estructural y que verdaderamente atienda todas las aristas de la situación de forma correspondiente a la realidad y sus particularidades. Es decir, no puede partirse de un tratamiento generalizado ni adoptado de otras latitudes, sino creado a partir de los requerimientos y necesidades propias, una construcción colectiva, realista y participativa. Lo anterior fue lo que motivó, en su momento, a la comunidad internacional a la adopción de tratados sectoriales en refuerzo de la protección de los derechos de las mujeres y los trabajadores migrantes, justo cuando se hizo evidente que los Estados no podían continuar ejerciendo su soberanía bajo el desconocimiento de baluartes estructurales anclados en el discurso de los derechos humanos. Las razones que impulsan la migración en el contexto internacional, aludidas en informes y documentos alrededor del tema, señalan como causas estructurales de esta la búsqueda de unas mejores condiciones de vida, escapar de la violencia, la reunificación familiar, el anhelo por tener un empleo digno, que son elementos comunes que también se identifican en el éxodo de Venezuela hacia Colombia. A lo anterior debe agregarse, la violencia intrafamiliar y el género, pues al ser también motivos frecuentes, re victimizan a la mujer en el recorrido migratorio, ubicándola en condiciones de riesgo asociadas con la trata de personas y el tráfico de migrantes, entre otros peligros que entraña el cruce de una frontera internacional.

El panorama actual evidencia una coyuntura para la cual el Estado colombiano no estaba preparado, ni desde su estructura institucional ni desde su marco normativo, pues al carecer de una comprensión y, en consecuencia, de una regulación integral para la migración, que atienda todas las circunstancias y particularidades asociadas a esta, la situación se ha enfrentado con medidas coyunturales que responden a los hechos y necesidades que se suscitan, pero que evidencian no sólo la carencia legislativa desde un enfoque de derechos humanos, sino además una descoordinación entre el nivel nacional y el territorial en lo que se refiere a eficacia, uniformidad, recursos financieros, capacidad institucional, entre otras. Por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos humanos, queda en un segundo plano en los diferentes prospectos regulatorios con que cuenta el Estado. Esto también se hace notorio en la ausencia de herramientas para efectuar un monitoreo de los movimientos de personas, como también de los migrantes en términos cuantitativos, cualitativos y de caracterización, lo que conduciría a respuestas más idóneas y adecuadas, en caso de que se implementaran.

María Lucía Torres Villarreal

De igual manera se plantean grandes retos como sociedad, desde la perspectiva legal y humana, que exige un entendimiento de la situación en clave de derechos humanos, desde la ciudadanía, los migrantes y las autoridades públicas, para ver, entender y manejar la situación desde una óptica multidisciplinaria, multifactorial e integral. Justamente los brotes de xenofobia que hoy se evidencian, aunados a los estigmas y estereotipos que predominan en el imaginario de los connacionales, evidencian la necesidad de asumir esta situación de otra forma y muestran la importancia de actuar de manera articulada, donde los diferentes sectores asuman un rol en la situación, no dejando el asunto sólo en el escenario del Estado, pues la sociedad civil, el sector privado y la academia, también tienen un papel que deben cumplir frente a esta realidad y es necesario su aporte.

Ahora bien, en el marco actual, el acceso a los derechos y a las oportunidades laborales que conducen a una mejor calidad de vida, están atadas a la documentación y, con ello, a la condición de regularidad de los migrantes en el territorio nacional, pues de lo contrario la oferta y la empleabilidad serán reducidas a la demanda de necesidades, lo que se traduce en un aumento desmedido de la informalidad y la precariedad laboral, que ya de por sí era alta antes del éxodo venezolano. Así mismo, ello conduciría a una integración social, económica y laboral que se contempla cada vez más como una alternativa para el manejo de la coyuntura que día a día tiende a mostrar mayores índices de permanencia que de retorno.

María Teresa Palacios

Los temas laborales también evidencian que la mujer ha cambiado su clásico rol en la cadena de producción, pasando a tener un rol activo y a ocupar un importante lugar en las cifras de impulso a la economía, como se indicaba al inicio de esta parte introductoria, denotando que además tiene un papel prevalente en el marco de la migración, pues suelen viajar solas o con sus hijos menores, por lo que el foco también se enciende de manera importante en la construcción de planes y programas para los menores de edad. Esto también ha prendido las alarmas en el aumento de la vulnerabilidad de la mujer por los riesgos asociados a la explotación laboral, la violencia intrafamiliar, los trabajos forzados, etc., pues las dinámicas ocupacionales, de pareja, de familia, se han ido transformando.

En relación con las necesidades en términos de derechos, las ciudades muestran una tendencia clara respecto de la necesidad de protección y garantía de una serie de derechos: educación, salud, vivienda, trabajo, de manera reiterada y ya más según los rasgos de las zonas, acceso a la información, alimentación y regularización. Llama de manera especial la atención el tema de la salud mental y los factores psicosociales asociados a la migración y sus realidades, como un tema transversal que se evidencia como una necesidad constante para atender en la población migrante analizada.

Para terminar, es importante anotar que la gran conclusión que queda a todas las personas que participaron en este proyecto es que a pesar de la importancia de la mujer en la migración, son pocas, casi nulas, las referencias con enfoque de género en la normatividad y los planes o programas con los que hasta el momento cuenta el Estado colombiano para atender a una población doblemente vulnerable en sus derechos, lo que representa un llamado al Estado para analizar y abordar de manera idónea esta problemática, antes de que derive en otros problemas.