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Divulgación Científica - URosario

Cultura y Sociedad

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Colombia, fuente de aprendizaje para el mejoramiento integral de barrios precarios

¿Cómo está Colombia frente a otros países en materia de inclusión urbana de los asentamientos de origen informal? Académicos de diferentes países analizaron las políticas de prevención y las aproximaciones para atender estas condiciones en 15 países del mundo. Patricia Acosta Restrepo, docente de la Universidad del Rosario, desarrolló el capítulo Aprendiendo de abajo hacia arriba, que se centra en el estudio de caso de las políticas públicas de prevención y atención a estas condiciones en Colombia.

  Fotos: Leonardo Parra / Juan Ramírez
   Por Catalina Ochoa


Obsesión. Así podría calificarse la intensa aproximación de la profesora Patricia Acosta, de la Facultad de Cien­cia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, a la idea de tener ciudades con buena calidad de vida en Colombia. Esta ‘obsesión’ comenzó al trabajar estos desafíos de política pública desde la Secretaría Distrital de Planeación y como con­sultora en el Banco Mundial.
 
Desde esas trincheras, conciliando el trabajo técnico y académi­co con el de la construcción de políticas públicas que tienen como principal desafío generar urbes más inclusivas, Acosta ha buscado incesantemente que haya condiciones para crear entornos donde no solo los ciudadanos de ingresos altos tengan acceso a una buena calidad de vida.


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Para Patricia Acosta, Colombia es un ejemplo interesante a la hora de ofrecer soluciones para evitar el asentamiento ilegal y atender las necesidades de estas poblaciones.

 
En el desafío mundial del crecimiento informal de las ciuda­des, América Latina ha logrado avances significativos con la im­plementación de programas preventivos y de mejoramiento que han generado gran interés internacional. Tomadores de decisión y administradores públicos en Asia y África miran hacia nuestro continente en busca de referentes.
 
Como contribución a esta discusión, el BID ha publicado el es­tudio Mejoramiento de barrios marginales y vivienda en América Latina, en el que se destacan lecciones de las experiencias de nues­tro país para otros que enfrentan desafíos similares. En el aporte de la Universidad del Rosario, conducido por la profesora Acosta, se destaca que, en el caso de Colombia, a diferencia de otros países, las políticas de gestión de suelo para prevenir y de mejoramiento de la calidad de vida en los asentamientos en condiciones de precarie­dad han surgido desde innovaciones de gobiernos locales. Bogotá y Medellín han tenido experiencias emblemáticas, apoyados en po­líticas habilitadoras de la Nación, pero, a diferencia de otros países, sin directrices específicas ni modelos de intervención derivadas de políticas nacionales. El estudio revela que las políticas nacionales, en esta materia en Colombia, no solamente han surgido de manera tardía, sino que aún no impulsan de manera decidida iniciativas locales en ciudades menores con desafíos similares con capacidad limitada para hacerlo sin apoyo.


UN PROBLEMA EN AUMENTO
En proporción, entre el 30 y el 70 por ciento de los habitantes de las ciudades principales e intermedias del país viven en barrios de origen informal, siendo las urbes que actual­mente presentan más rápido crecimiento po­blacional Montería, Sincelejo, Villavicencio y Cúcuta.

El fenómeno de desplazamiento forzado y la migración del campo a la ciudad tuvo bas­tante fuerza entre los años setenta y ochenta en Bogotá, y en las ciudades principales. Pero, se puede decir que, en la actualidad, la situa­ción se ha estabilizado y, como consecuencia, esas ciudades están trabajando constante­mente en mejorar la infraestructura, vías, ser­vicios públicos, educación y salud, asimilando esos asentamientos. Para otras ciudades in­termedias, la historia hasta ahora está comen­zando. De tal manera que, todo lo que se pue­de aprender entre urbes es muy importante para mejorar respuestas y no repetir errores.

A pesar de ser un gran problema para las administraciones locales, estas urbanizacio­nes ilegales hacen parte del desarrollo de las metrópolis. “Las ciudades latinas tienen dos realidades paralelas: mercados formales e informales que funcionan al mismo tiempo y se complementan entre sí. La manera des­equilibrada en que manejamos la planeación de la ciudad es una de las causas de que haya desarrollo informal y existe una interacción permanente entre las dos realidades”, asegura Acosta al respecto.

SOLUCIONES DESDE LAS CIUDADES
Colombia es un ejemplo interesante a la hora de ofrecer soluciones para evitar el asenta­miento ilegal y atender las necesidades de estas poblaciones. En el caso de Medellín, por ejemplo, se han hecho innovaciones al mejorar las condiciones en los barrios conectando los asentamientos de periferia con la ciudad, como sucedió con los Proyectos Urbanos Integrales (pui), en donde se hicieron enormes inversiones como el Me­trocable, que es un sistema de transporte urbano en teleféricos.

En el caso de Bogotá, se venía experimentando con las he­rramientas que otorga la Ley 388 a los municipios, con el fin de gestionar los suelos para vivienda de interés prioritario (vip) con la intervención de Metrovivienda —empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social—, como agencia pública para ser promotor de suelo urbanizado y ofertarlo a los constructores privados para construir vivien­da asequible para los más pobres. Lo hizo, además, generando competencia entre ellos, promoviendo así mejor arquitectura de las viviendas dentro de los topes establecidos por el Gobier­no para ello.

En la dimensión del apoyo técnico, organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo buscan aprender de los casos de éxito locales para llevarlos a otros países que ape­nas están empezando a lidiar con desafíos similares, por lo que financian las investigaciones que aquí se realizan. De esta manera, la Universidad del Rosario, con esta investigación, se mueve en la línea de transferencia de conoci­miento para otras latitudes.

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La ciudad o municipio que tiene el mayor índice de población que vive en barrios de origen informal es Soacha, con un 85%; seguido por Barranquilla con un 80%; Cartagena con el 70% y Bogotá con el 30%.

LA CALIDAD DE VIDA
Las soluciones implementadas en ciudades de Colombia han logrado mejorar la inclusión de los habitantes de los barrios marginales. En algunos casos, se ha conseguido la integración social y la reducción de los índices de riesgo por deslizamientos e inundaciones, mediante intervenciones en las se reubican a las personas que están en alto riesgo no mitigable. “En el caso de Medellín, algo que fue muy aplaudido, es que ante el peligro de inundación se hizo un reasentamiento in situ, es decir que se les buscó a los habitantes un espacio seguro para establecerse dentro del mismo barrio y a la par se restauraron las rondas de los ríos para generar espacios más agradables y seguros”, señala Acosta.

Sin duda, el principal desafío al que se tendrá que enfrentar el próximo presidente en Colombia es recuperar el espíritu de la Ley 388. “Colombia tiene una Ley de Reforma Urbana muy progresista, muy potente, con herramientas que todo el planeta quiere. Mejor dicho, la gran cumbre mundial Hábitat iii y el Acuerdo Internacional que se firmó para la nueva agenda urbana recogen todo lo que nuestra Ley 388 tiene”, opina Acosta. “Todos los países del mundo miran hacia Colombia con envidia de la buena, puesto que tenemos todas las herramientas necesarias para poner en marcha los proyectos de ciudades inclusivas”, añade.

Por esa razón, programas nacionales como el de viviendas de interés prioritario gratuitas, también deben aprender de las malas experiencias de nuestros vecinos latinoamericanos, pues se están repitiendo los errores que cometió México hace 20 años. Por ejemplo, en Buenaventura se entregan casas de interés social a personas en situación de vulnerabilidad que ya no quieren vivir allí, porque quedan apartadas de sus trabajos y de las actividades en general de su ciudad. En México, todas estas casas quedaron abandonadas porque la gente prefirió regresar a inquilinatos situados en zonas más centrales.

En conclusión, para Acosta, la Nación necesita repensar los impactos locales de su desconocimiento de los avances en gestión de suelo que permite la Ley 388 de Reforma Urbana y Ordenamiento Territorial, para apoyar mejor a los municipios en la atención a estos desafíos. Por esto, el nuevo presidente podría comenzar por reconocer que estos principios están aún por incorporarse en las políticas nacionales y que, a la luz de Habitat iii, es hora de hacer algo al respecto.

 

Tipos de políticas
Hay dos grandes tipos de políticas públicas que se han identificado en el estudio:
Políticas de prevención. Son las políticas que se conciben para prevenir que no haya asentamientos urbanos que generen riesgos para la población. Allí está el desarrollo de iniciativas públicas de Vivienda de Interés Prioritario (vip), es decir, producir vivienda asequible a la población de menores ingresos, que requiere la gestión de las ciudades para reservar suelos para ello. Bogotá, con la actuación de Metrovivienda en la Operación de Usme, es el caso más destacable de este tipo de política pública.
 
Políticas de atención. Son las políticas encaminadas a crear programas de mejoramiento integral de barrios o de mejoramiento integral urbano. Ahí se pueden citar obras como, por ejemplo, los Metro Cables, la recuperación de rondas de ríos para espacios públicos, los reasentamientos in situ en zonas ya consolidadas para mejorar la calidad de vida de los asentamientos ya establecidos. Es el caso de experiencias como las de Medellín.