Con el fin de hacer un aporte en la línea que señala el académico, Divulgación Científica presenta las contribuciones de estos tres investigadores.

EL ROSARIO, CON LOS OJOS PUESTOS EN LA MINERÍA
 La entrada en vigencia de la reciente Ley de Regalías ha llevado al incremento de la minería ilegal en algunos municipios de Colombia. Esta es una de las conclusiones de una investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, tras elaborar un mapa con la ubicación de las minas ilegales a cielo abierto. La intuición es que el municipio minero recibe un me­nor porcentaje de lo que pagan las firmas. Además, el estudio estableció un grave deterioro en la salud de los recién nacidos ‘río abajo’ de la explotación ilegal.
 
La curiosidad de conocer si la reducción del 50 al 10 por cien­to en los ingresos por regalías a los municipios de Colombia, consignado en el Decreto de Ley 4923 de 2011, había incidido en el aumento de la minería ilegal fue la motivación de los pro­fesores Santiago Saavedra Pineda, de la Facultad de Economía, y Mauricio Romero, de la Universidad de California-San Diego, para realizar la investigación que hoy da resultados.

Los investigadores formularon la hipótesis sobre si los mi­neros, tras la reforma, preferían la explotación ilegal porque el monto del soborno a las autoridades locales es menor al costo del cumplimiento de las exigencias para el otorgamiento de un título legal. “Teóricamente, esperamos que la minería ilegal aumente porque la autoridad local recibe menos regalías des­pués de la reforma”, afirma Saavedra, doctorado en Economía de la Universidad de Stanford.
 

“Incentivos locales y evasión fiscal nacional: la respuesta de la minería ilegal a una reforma tributaria en Colombia” es el título de la investigación, cuyo primer reto surgió ante la fal­ta de información sobre la ubicación de las minas ilegales en el país. Los investigadores decidieron sortearla acudiendo a la tecnología y las herramientas disponibles que les permitieran cruzar variables y generar un mapa. “Para superar el desafío de medir la actividad ilegal, construimos un conjunto de datos novedosos utilizando predicciones de aprendizaje automático en imágenes satelitales”, explica el profesor.

Aquí es donde entra en la investigación el uso del Machine Learning para construir las predicciones. Con base en cómo se ve el panorama de una mina a cielo abierto (sin vegetación y de color marrón, por ejemplo), ingresaron los datos para lograr las predicciones. “Nuestras estimaciones implican que el 89 por ciento del área minera en Colombia se explota sin un título, un porcentaje alto pero cercano al divulgado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ase­gura que el 78 por ciento de la extracción de oro en Colombia es ilegal”, explica el investigador.

Con esta información clara, los académicos tuvieron que comprobar o desmentir la teoría sobre el incremento de la minería ilegal tras el Decreto 4923. Para tener mayor certeza sobre los resultados, optaron por seguir el mismo proceso con la minería en Perú que tiene una norma similar a la de Colombia y de esa ma­nera tener un punto de comparación.

En cada país analizaron los mapas de antes y después de la entrada en vigencia de la ley y hallaron lo esperado: la proporción de área minada ilegalmente en Colombia aumentó en 4,47 puntos porcentuales, especialmente en municipios con poca presencia del gobier­no central. “Los niveles de minería ilegal en Colombia cambiaron respecto a los de Perú”, asegura el economista Saavedra.

El cálculo de los investigadores es que con la reforma al sistema de regalías dejaron de entrar entre 19 y 57 millones de dólares por el aumento de la extracción ilegal, es decir, por cada peso redistribuido, se pierden entre 3 y 9 centavos por medio de la evasión. A esto hay que sumarle los costos en salud, porque en­cuentran que los impactos en salud asociados con la minería ilegal son diez veces mayores.

UNA NUEVA HIPÓTESIS
La ley en Colombia exige a las empresas con títulos mineros tener para la fase de explota­ción una licencia ambiental que controla los efectos negativos que sobre el ambiente puede contemplar la actividad. El no llevar a cabo es­tas prácticas no solo afecta la biodiversidad de la región, sino que causa deterioro en la salud de los pobladores cercanos a la explotación, y fue de esta realidad que surgió la siguiente in­quietud de los economistas.

“Teníamos la mina, el flujo del río, tam­bién la ubicación de la cabecera municipal y el hecho de que la minería ilegal causa un serio daño al medio ambiente y a la salud de los po­bladores cercanos por la cantidad de mercurio que es arrojado a los ríos en el caso de la ex­tracción del oro. Lanzamos entonces nuestra siguiente hipótesis: la extracción ilegal afecta en mayor proporción la salud de los recién na­cidos de los municipios ‘río abajo’ de la mina”, cuenta Saavedra.

Se sabe que el mercurio, indispensable en la explotación del oro, afecta el corazón, los ri­ñones y el sistema nervioso central, especial­mente en mujeres y niños, y es por ello que la cifra encontrada es alarmante: el efecto en la salud de los recién nacidos ‘río abajo’ de una mina ilegal de oro es de 2,53, mientras que el de una legal es de 0,27, es decir, diez veces más.

“Y estamos hablando de la explotación a cielo abierto. No hay manera de cuantificar lo que ocurre con la minería subte­rránea”, concluye Saavedra, cuyo estudio deja clara una radio­ grafía de la minería ilegal en el país que involucra corrupción, falta de vigilancia del Estado, daño al medio ambiente y de­terioro de la salud en la población, cuyo sustento se limita al trabajo disponible, legal o ilegal.

EN BUSCA DEL PUNTO MEDIO
Andrés Gómez Rey, abogado especialista en Derecho Ambien­tal y magíster en Derecho Administrativo, es coautor de La minería en páramos, humedales y reservas forestales, libro que busca explicarle al ciudadano del común lo que sucede con las prohibiciones para realizar esta actividad que son una medida de protección para dichos ecosistemas.

Dado que en el mercado no hay un libro de ‘flora y fauna para dummies’, el texto —que tiene tanto de investigación como de reflexión— está diseñado para que las personas que no conocen del tema entiendan qué es lo que está pasando en materia de protección ambiental: “lo que busca es explicar de alguna manera por qué el desorden actual tiene una razón his­tórica, producto del comportamiento del Estado”, asegura.

Aunque se considera del ‘ala verde’ del derecho minero, Gómez Rey está comprometido con la búsqueda del punto medio en el que el país obtenga el mayor beneficio de esta ac­tividad, con el menor detrimento posible de las condiciones ambientales y sociales de los lugares donde se realiza.

A su juicio, dar vía libre y sin restricciones a las actividades ‘extractivas’, simplemente porque aumentan el PIB, es una for­ma incompleta de ver la minería; y la protección a ultranza de los recursos naturales renovables ‘suena linda’, pero también tiene efectos indeseables que aminoran los derechos funda­mentales de la gente.

“Ser muy ‘gris’ tiene unos efectos y ser muy ‘verde’, también. De lo que se trata es de buscar puntos medios. El libro busca con­tar lo que pasó y mostrar que cada una de las interpretaciones tiene unas consecuencias. Y que

debemos lograr que Colombia proteja su ambiente, pero que también aumente su pib”, asegura.

NO BASTA CON HACERLO BIEN
Para ilustrar su punto de vista, Gómez Rey recurre a un ejemplo que él mismo reconoce como ‘muy radical’, pero que explica que no todas las implicaciones de hacer bien las cosas son necesariamente positivas: “¿qué se nece­sita para matar bien? Cesar completamente las actividades y la vida de una persona, para lo cual hay incontables maneras efectivas de hacerlo. Eso, sin embargo, no significa que matar esté bien”.

Cita como ejemplo su experiencia de hace varios años en un municipio que exaltaba su amor por la naturaleza. “Volví 5 o 6 años des­pués, durante un proyecto extractivo muy grande, y encontré que una gaseosa ya no costaba 1.000 sino 3.000 pesos, de manera que solo los que trabajaban en la mina podían pagarla. Eso tiene un efecto muy grande en la gente que necesita comprar un remedio o una bebida, pero que no tiene con qué, entonces roba. También empezó a haber una alta inci­dencia de prostitución”.

La actividad minera en el municipio tenía un elemento para resaltar y era que estaba bien hecha en términos técnicos, pero como evidencian los hechos tenía impactos adicio­nales: “yo creo que la protección ambiental no es solamente hacerlo bien” y reitera que se puede robar eficientemente, matar eficiente­mente… o hacer minería eficientemente, por lo que es necesario que esa minería ‘bien he­cha’ no cambie la situación ni las dinámicas sociales. “Se necesita aminorar las tensiones contra la gente y contra el ambiente”.

LOS INTRÍNGULIS DEL DERECHO AMBIENTAL
En su búsqueda del punto medio, Gómez ha encontrado en la interdisciplinariedad un aliado importante: “este trabajo incluye a to­das las disciplinas y cada disciplina tiene una racionalidad diferente, y cada racionalidad diferente impacta la forma en la cual se ve el ordenamiento jurídico y cómo se realiza cada una de las actividades”, sostiene.

Esa realidad tiene un ingrediente adicional para el caso de la minería y es que el derecho ambiental tiene algunas particularidades que lo diferencian de otras ramas con una tradi­ción más dogmática y con características mu­cho más rígidas y estructuradas.

“El derecho ambiental se alimenta de pasiones, de discur­sos, de emociones; pero también de antropología, sociología, de contadores, matemáticos, economistas… y todo eso conflu­ye en la necesidad de crear normas. Normas que tienen todas las lógicas del mundo, y eso lo hace muy bonito, aunque tam­bién es un poco caótico.

“Tampoco es que sea totalmente subjetivo, pero es un po­quito más amigable con los cambios. Es un derecho que tiene que reaccionar a los cambios intempestivos de la naturaleza (como la avalancha provocada por el desbordamiento de tres ríos en Mocoa, en abril de 2017), entonces por eso es mucho más dinámico. Y esas cargas de todas las disciplinas —y de pronto de pasiones— hacen que sea un derecho más ágil”.

De regreso al libro La minería en páramos, humedales y reser­vas forestales, Gómez Rey aclara que existen leyes vigentes que protegen los ecosistemas, pero una cosa son las normas jurídi­cas y otra es la manera como se traducen en la práctica. Y, de nuevo, muchas cosas sobre el terreno dependen del punto de vista de cada actor.

“Si usted le pregunta a un biólogo que estudia la interre­lación entre los seres vivos que están en el páramo, cualquier minería va a ser fatal y le va dar un panorama muy alarmante; estas suelen ser las visiones de algunas organizaciones. Pero si usted la ve desde el punto de vista del operador que ha sido ca­paz de extraer miles de toneladas de oro o de carbón en un pit de explotación de mil metros, ¡esa es la mejor opción minera que existe! ¡Es un hueco chiquitico para la cantidad de tonela­das! Entonces ellos van a decir que eso está buenísimo”.

Otro ejemplo del investigador es que gracias a la minería se pone el recebo de las carreteras rurales, tan necesarias para que  los campesinos saquen sus productos y puedan evitar a los in­termediarios. Eso es una necesidad del país, entonces la minería sí tiene aspectos positivos. “Pero hay que conjugar todas las va­riables, y a eso es a lo que estamos tratando de apuntarle”.

Poner de acuerdo a tres abogados, dos psicólogos y un an­tropólogo no es fácil, reconoce Gómez Rey, pero resume en dos acciones fundamentales los objetivos del derecho am­biental: “una: hacer que nuestro comportamiento sea apto para la protección de los recursos naturales y atender las emergencias en caso de que se presenten. Dos: regular las acti­vidades antropocéntricas que podrían afectar la sociedad y el ambiente, como la minería, la explotación de hidrocarburos y la infraestructura”.