01 de agosto 2022
Bogotá, julio 28 de 2022. El nuevo Gobierno, a partir del próximo 7 de agosto, tendrá que equilibrar la olla raspada de las finanzas públicas y asumir el reto de financiar un presupuesto con un déficit fiscal de $62 billones, a lo que se suma la dura regla fiscal de la Ley 2155/21 de no permitir financiar el gasto con deuda pública para la vigencia fiscal de 2023.
Así lo indica un análisis de Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien considera que “la salida viable y pragmática sea la de acudir a una reforma tributaria estructural, la cual ya anunció el designado Ministro de Hacienda. Es de resaltar que el Congreso de la República asumirá el estudio del proyecto de presupuesto que dejará radicado el gobierno saliente antes del 30 de julio de 2022”.
Para el experto, además del déficit fiscal del 5.6% del PIB, se espera que al cierre de 2022 haya un déficit entre $31 y $34 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según se observa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gobierno entrante deberá girar al FEPC la cifra de $28.5 billones para cubrir las deudas y el déficit entre 2023 y 2025, con el objetivo de amortiguar la amenaza que generaría un alto precio de la gasolina en momentos en que el nivel anual de los precios que llega al 9.67% a junio de 2022.
“El nuevo gobierno tendrá que ajustar la economía y se verá en la necesidad de hacer un fuerte aumento del recaudo y una reducción del gasto que, para el año 2023, se va a dar en el presupuesto de inversión pública con una reducción de un sexto (1/6) del presupuesto de inversión de 2023, es decir, $10.5 billones”, comentó Amorocho.
Vigencias futuras
Una reciente revisión hecha por analistas de medios de comunicación muestra que entre mayo y julio de este año se han comprometido $24 billones que afectarían el plan de desarrollo del gobierno entrante mediante la figura de documentos CONPES.
Según el análisis del experto en Hacienda Pública, ejemplo de esto es el documento CONPES 4098/22 que fue aprobado para impulsar la competitividad agropecuaria, comprometió vigencias futuras por $6.3 billones hasta el 2031; la estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país, con valor de $13.3 billones que también prevé la utilización de vigencias futuras; el proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de la Policía con la autorización de vigencias futuras hasta 2027 según el CONPES 4097 por $500.000 millones; y una contratación del 21 de julio de 2022 mediante la cual se comprometen por 3 años todas las compras de medicamentos que hacen los hospitales públicos, el ejército y la Policía Nacional por valor de $2,4 billones.
“Este comportamiento de autorizar vigencias futuras en el último año de gobierno contraría claramente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto 819 de 2003, pues esta proscribe claramente la autorización de vigencias futuras de carácter no estratégico en el último año de gobierno, ya que este tipo de decisiones administrativas atentan directamente contra el principio constitucional y legal de planeación”, explica Amorocho.
“Nuestra economía apenas empieza la recuperación económica y, antes que políticas contraccionistas, se requiere una administración eficiente del gasto público y de un nuevo plan de desarrollo que le haga la venia a una economía productiva que propulse sectores tan rezagados como la agricultura y la industria, lo cual no se logra con altas tasas de interés y reduciendo la inversión pública en cerca del 1% del PIB, como se deja ver en los marcos fiscales y de gasto de mediano plazo disponibles en la víspera de la presentación del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones de la Nación para el año 2023”, concluye el experto.