DESAFÍOS LEGALES

Hoy en día existen importantes territorios en distintos países —especialmente en Lati­noamérica, África y parte de Asia— que están siendo controlados por grupos armados al margen de la ley o de la criminalidad transna­cional. Estas agrupaciones delictivas se toman estas zonas con el fin de realizar la compra­venta de bienes ilícitos, para lo que cuentan con una estructura empresarial, una red de puntos de conexión, personas dentro y fuera de la organización (incluso infiltradas en el Estado y en las entidades financieras), con lo que constituyen un gran entramado que les permite ser exitosos.

Si bien, suelen recurrir a la violencia desde un inicio, cuando aparece la competencia de otros grupos y comienzan a tener dificultades para llevar a cabo sus actividades, mantener el control de sus territorios y proteger su nego­cio, estas organizaciones delictivas incremen­tan los actos de violencia sistemáticos para evitar que el grupo rival se pueda establecer, en ocasiones con la complicidad de los propios agentes del Estado. Esta violen­cia se comienza a encaminar también hacia la población civil que vive en esos territorios, con la finalidad de obtener su fidelidad y evitar que colabo­ren con la competencia. En pocas palabras, cuando estos grupos comienzan a utilizar la violencia, es un indicativo de que están en dificultades y normalmente es aquí donde la violencia alcanza las dimensiones propias de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.

 

La Justicia Transnacional, por su parte, sur­ge cuando se comete este tipo de delitos y de ellos nace una responsabilidad penal, no ante el Estado en el que suceden, sino ante la socie­dad internacional en su conjunto, lo que hace que este tipo de crímenes no sea eximido ni sea sujeto de amnistía, sino que por el contra­rio estos delitos siempre sean exigibles y que no prescriban. El problema radica en que, al llegar a un proceso de negociación para po­ner fin a situaciones graves de violencia o de conflictos armados, las partes tratan de evitar tener que enfrentar sus responsabilidades y llegan a acuerdos que con frecuencia chocan contra la normativa internacional, lo que hace que muchos de estos delitos queden impunes.

EL DÉBIL ESLABÓN DE LA CADENA
A pesar de su importancia en la sociedad, el pilar justicia es débil porque cuenta con menores recursos y, por ende, menos fortaleza y consolida­ción. “En el caso del único órgano de las Naciones Unidas a quien se encomienda la función de impartir justicia, la Cor­te Internacional de Justicia, ésta recibe menos del 1% del presupuesto, por eso no tiene mucha capacidad operativa”, explica Olasolo. Además de esto, de manera interna hay un problema importante porque en muchos de los casos se en­cuentran involucrados agentes del Estado afectado, por lo que se entorpecen los procesos de investigación y enjuicia­miento al aprovechar que las fiscalías dependen, en general, de la Rama Ejecutiva. Por último, frente a los crímenes orga­nizados, cuanto más fuerte sea la organización, más difícil es obtener la captura de sus miembros, especialmente si tienen infiltrados a miembros de su organización en el Estado o en compañías privadas de los sectores en los que operan.
 

Con base en lo anterior, además de proponer el estudio de los tres campos en conjunto, el profesor propone generar co­nocimiento al explicar desde las universidades los estándares que existen para entender si se ajustan o no las medidas que se van planteando.

Por otro lado, recomienda que la ciudadanía dé a conocer su visión para derrotar la impu­nidad por medio de manifestaciones pacíficas en la vía pública y declaraciones a los medios de comunicación, para que los delitos que más gravemente afectan a la convivencia en nues­tras sociedades no queden impunes y se ayude así a fortalecer la acción de la justicia.

La investigación mostró que el aumento del 137 % reportado en los precios del petróleo entre 1998 y 2005 llevó a que los ataques paramilitares se incrementaran 14 % en promedio en los municipios productores de crudo. El choque petrolero también aumentó los ingresos municipales generados por la tributación de los recursos naturales y el secuestro de políticos y otros líderes. Estos resultados son consistentes con el aumento de la violencia por el petróleo lo que promueve la rapacidad sobre la mayor riqueza disponible en las arcas de municipios petroleros.