Nunca antes como en este tiempo, la participación ciudadana había sido tan decisiva en la definición del futuro de las comunidades y su relación con el entorno.
La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. Así define el concepto de participación la profesora Gloria Amparo Rodríguez en la introducción al libro La participación en la gestión ambiental: un reto para el nuevo milenio que escribió en 2009 junto a Lina Marcela Muñoz. Con esa certeza de que la participación no solo es un derecho, sino que a la vez es un deber, la profesora Rodríguez ha dedicado buena parte de su vida a alentar a las comunidades más vulnerables a que construyan un universo de derechos para proteger su entorno, lo cual es un deber para su propia existencia y la de las generaciones posteriores. Colombia rica en normas, pero… Dentro de lo que es el derecho público está el derecho ambiental, que es una línea de investigación dentro de la Universidad del Rosario en donde Rodríguez busca afianzar la defensa de lo público ante un entorno que plantea un desafío descomunal: somos una nación rica en normas ambientales, pero el segundo país con más conflictos ambientales en el mundo. Tan solo en 2016 hubo más de 5.300 procesos de consulta previa, un mecanismo consagrado apenas tres meses antes de la proclamación de la nueva Constitución Política de 1991. Para ello, la profesora, que ha prestado especial atención a los conflictos ambientales y su incidencia en los territorios indígenas, se ha basado en la filosofía de la teoría de la acción participativa que implica un tipo de intervención que sobrepasa la simple y aséptica observación para llegar al involucramiento de los investigadores en la población, la cual deja de ser ‘objeto’ para convertirse en ‘sujeto’ de investigación.
De esta manera, ella y su equipo han estado de cerca en diversas luchas que han dado decenas de comunidades, como ha ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Pasto o más recientemente en la defensa del páramo de Santurbán. Esa aproximación ha hecho que, de manera transdisciplinar aborden dimensiones en lo étnico y en la antropología jurídica. “No se trata solo de ver, sino de formar a las comunidades”, dice la profesora, que además acompaña muchas de las publicaciones con su afición a la fotografía, con la cual ha podido capturar y documentar la esencia de las revoluciones que las comunidades han venido llevando a cabo.
En sus intervenciones ha sido clave que el grupo de investigación haya hecho manuales para dar apoyo a las comunidades y así facilitar los mecanismos de una manera muy pedagógica y asertiva. Dentro de sus aciertos está el de escribir su propio blog (véase http:// gloriamparodriguez.blogspot.com.co/) y divulgar desde sus propias redes sociales como @esp_ambiental en Twitter. Cómo concibe colombia el desarrollo Por esta razón, aunque tiene claro que Colombia debe buscar el desarrollo, cuestiona las formas en que se concibe ‘el desarrollo’. El uso de recursos genera conflictos por el enfrentamiento del modelo de desarrollo; es cierto que se requieren los recursos mineros, pero cree en la tesis de “minería sí, pero no así”. A esto se suma una dificultad palpable y es que el Estado está desarticulado, sus instituciones no conversan entre sí con la rigurosidad necesaria. Por ello se necesita un mejor ordenamiento. Al Estado le ha faltado oír más y mejor a sus comunidades: “para un indígena, la consulta previa siempre ha existido, pero jurídicamente apareció solo en 1991, tres meses antes de la Asamblea Nacional Constituyente”. Aunque Colombia es un referente por la riqueza en sus normas y en jurisprudencia, todavía se necesita entender mejor que el Estado, el ámbito privado y el social, deben ser sectores garantes de la participación ciudadana. “La participación es fundamental para proteger, es indispensable para la incidencia”, afirma. Nuevas representatividades desde las comunidades Hoy, las comunidades se debaten entre la construcción de la carretera y la defensa de un humedal, pero esa al menos es una discusión en la que definitivamente deben participar y no esperar a que desde la capital se defina el futuro de la periferia. Por eso, esta jurista insiste en afirmar que necesitamos educación para poder participar con argumentos y lograr una representatividad que hoy incluso no reemplaza, pero desborda la convencional de la democracia representativa de los cuerpos colegiados como el Senado o los concejos municipales. “La representación debe ser más incluyente. El Concejo, el Senado y la Cámara no son suficientes”. Desde luego, advierte que las comunidades no deben ser convidados de piedra, sino participar desde la concepción de los proyectos. “El proceso de planificación de los proyectos debería contar con la participación de las comunidades desde el principio; la gente es la que más
conoce el territorio y por ello es necesario incluir a las comunidades desde el momento de la concepción de los proyectos para descubrir sus verdaderas necesidades, nadie les pregunta qué necesitan”, reflexiona. Tribunal especial ambiental Aunque reconoce que desde 1991 hemos tenido una Corte Constitucional aliada de los temas ambientales, que lo ha demostrado en muchos fallos a favor del medio ambiente, hoy se discute si debe haber tribunales especiales ambientales para que haya personal especializado en atender este tipo de temas con más pericia técnica. La profesora Rodríguez es una abanderada de la idea de tener tribunales como estos, que puedan atender con más eficacia conflictos de este tipo, debido a las evidentes y frecuentes contradicciones entre las normas ambientales y las normas mineras. Así, para esta abogada, Colombia necesita desarrollo, pero debe aprender a ponderar lo que decide, aprovechar que han aparecido conceptos como la ‘función ecológica de la propiedad’ y esa mayor conciencia de que no se pueden tomar decisiones desde el centro sin tomar en cuenta las expectativas que se tienen desde la periferia. “¿Qué queremos como país y qué nos queda luego del ejercicio?”. A esa pregunta que se hace Rodríguez, ella suma la imperiosa necesidad de que haya una total transparencia en el manejo de los recursos públicos y una fluida relación entre la academia, los ciudadanos, el Estado y el sector privado para abogar por el cumplimiento de las normas.
Necesitamos total transparencia en el manejo de los recursos públicos y una fluida relación entre la academia, los ciudadanos, el estado y el sector privado para abogar por el cumplimiento de las normas.
Nunca antes como en este tiempo, la participación ciudadana había sido tan decisiva en la definición del futuro de las comunidades y su relación con el entorno.
