El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes conforman el top tres de delitos que, hoy por hoy, más desafían a las autoridades en Colombia. Son tentáculos del crimen organizado que se entrecruzan no solo para robustecerse al actuar en connivencia, también para hilar la legalidad con la ilegalidad en una trama de acciones que hacen muy compleja la definición de estructuras, modus operandis y actores. Sus formas de evadir o repeler las acciones del Estado —bien sea por su capacidad defensiva, de soborno o de mimetizarse en la sociedad, entre otras— se han acrecentado, y eso, por supuesto, impone más retos al estamento oficial, acentuado por un escenario global e hiperconectado, lo que le tiende el tapete rojo a la transnacionalidad de las operaciones ilícitas.
El internacionalista colombiano Óscar Palma y el politólogo alemán Jochen Kleinschmidt han estudiado, desde distintas orillas, los fenómenos del crimen organizado en Colombia y el mundo, el conflicto colombiano, la insurgencia local, las guerras irregulares, la seguridad, la inteligencia y el terrorismo. Una de sus recientes investigaciones en conjunto es una comparación entre la exguerrilla colombiana de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Cartel de Sinaloa de México, en la que analizan la hipótesis de convergencia según la cual en el mundo contemporáneo se asemejan las estructuras del crimen organizado, el terrorismo y la insurgencia automáticamente. Pese a la similitud de algunos procesos, siempre hay algún cambio en la posición estatal que conduce también a modificaciones en las organizaciones criminales, y eso hace, como lo señala Kleinschmidt, que “el Estado y el crimen organizado sean como sol y sombra”.
Al margen de este estudio, hay otro desarrollado sobre los logros y las fallas del gobierno colombiano entre 2002 y 2012 en la lucha contra las Farc, y uno más en ciernes sobre qué tan innovadores son los mecanismos de tráfico marítimo utilizados por el narcotráfico. Mientras estos estudios avanzan y surten el debido proceso para su publicación en revistas indexadas, estos investigadores, que hacen parte del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (Cepi) de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, nos exponen algunas de sus visiones sobre el crimen organizado.
Divulgación Científica (DC): Estamos en la coyuntura sobre el uso o no del glifosato, pero ustedes van más allá porque promulgan la despenalización de las drogas. ¿Cómo se manejaría eso?
Óscar Palma (OP): Colombia ha tenido un problema histórico y es la falta de presencia del Estado en muchas regiones del país, y eso ha permitido que surjan unas figuras paralelas en la ilegalidad. ¿Por qué en Guaviare, Putumayo y muchas otras zonas hay coca? Porque en términos efectivos no hay nada más. Digamos que se autoriza el glifosato, pero si el Estado no construye infraestructura ni desarrolla proyectos productivos nunca vamos a salir de eso. Como se expuso en el reciente debate ante la Corte Constitucional, las cifras de resiembra después de una fumigación son más altas que cuando hay una negociación con la comunidad. Así que con o sin glifosato, con o sin proceso de paz, el Estado tiene, desde su creación en 1810, una tarea pendiente que no ha hecho.
Si erradican, las personas se vuelcan a otros flujos ilegales, como ya hemos visto con la minería. Y digo ‘Estado’ porque es el encargado, pero esta construcción también se hace desde las comunidades; es decir, no se trata de diseñar modelos desde Bogotá y reproducirlos en los territorios porque muchas veces se desconocen las realidades sociales, económicas y políticas de esas regiones, y por eso se termina chocando con su población.
Jochen Kleinschmidt dice que “la despenalización generaría una mejora significativa en términos de violencia y del daño del microtráfico, que desaparecería”.
Jochen Kleinschmidt (JK): La despenalización generaría una mejora significativa en términos de violencia y del daño del microtráfico, que desaparecería. Hemos visto que, en España o República Checa, donde se hizo una política de despenalización, tampoco aumentó automáticamente el consumo, ese es un mito; además, eso permitiría tener mayor control sobre la sustancia. ¿En qué país muere el mayor número de personas por alcohol? Arabia Saudita, porque ahí es ilegal y porque les venden licor adulterado. No se va a solucionar la situación de estas regiones en Colombia, el norte de Birmania o partes del triángulo dorado en México si no hay otras opciones, simplemente porque siempre han sido zonas descontroladas donde se van a establecer otras formas de beneficiarse de la ausencia del Estado.
DC: ¿Y esa decisión de despenalizar debería se concertada con otros países o se puede tomar por sí solo?
OP: Algunos estados han despenalizado algunos productos, pero no totalmente. En Colombia, a pesar de lo que está pasando con la marihuana (industria del cannabis medicinal), el problema del narcotráfico está ligado a la cocaína, el debate sobre su despenalización está muy crudo en el mundo, y no pienso que vaya a pasar, porque hay países como China o Filipinas que están negados a la discusión. Colombia no saca nada si legaliza bajo todo concepto la producción de cocaína porque seguiría siendo un flujo ilegal hacia afuera, es decir, no tendría a quién venderle y por lo tanto seguiría siendo un negocio oneroso para los criminales. Sí es necesaria una concertación a nivel global para que surta un efecto. En su política exterior, el gobierno del expresidente Santos lideró la discusión internacional, pero ahora es difícil que Colombia tenga nuevamente ese liderazgo.
JK: Tal vez sería suficiente una concertación regional, en América. Creo que eso es factible y lo voy a experimentar en mi vida, tal vez como anciano. Pero creo que va a pasar porque hay una brecha generacional importante, incluso en Estados Unidos, donde hasta entre los votantes republicanos jóvenes hay una mayoría a favor de la despenalización. Incluso el presidente Donald Trump dijo en campaña que ese tema lo debería manejar cada estado, y en el Partido Republicano nadie puede estar en contra de los states rights. La contratendencia surge en los países asiáticos, como por ejemplo China, donde no solo se penaliza la marihuana, sino, incluso, hay cadena perpetua por la distribución de pornografía. Así que eso no tiene que ver solo con la narcopolítica, también con la concepción de qué es el Estado.
El país es un punto intermedio de los grandes flujos de personas, y hay regiones, como el Darién, donde las organizaciones criminales tienen pleno dominio de todos los flujos: personas, drogas, armas y demás.
“Colombia ha tenido un problema histórico y es la falta de presencia del Estado en muchas regiones del país, y eso ha permitido que surjan unas figuras paralelas en la ilegalidad”: Óscar Palma.
DC: ¿Cómo se enfrentan la minería ilegal y el tráfico de migrantes?
OP: Mis investigaciones se han concentrado más en el narcotráfico. Se sabe que la minería del oro ha servido como fuente de financiamiento al crimen organizado y que, a su vez, se nutre de una larga cadena de crimen organizado que la provee de insumos y servicios; por lo tanto, está inmersa en una economía ilegal en la que hay muchas más personas de las que uno cree. También sabemos que el daño ambiental que genera es considerablemente más grande que el de la coca y que, debido al comportamiento del mercado global, la minería puede ser más motivante para algunas organizaciones criminales: cuando el precio del oro sube, inmediatamente vemos que algunos pasan del tráfico de drogas a las minas y cuando baja, aumenta el número de cultivos ilícitos. Hay una interrelación entre la mano de obra dedicada a esas economías. No he estudiado el tráfico de migrantes, pero va más allá de lo que pasa con Venezuela: se refiere al tráfico tradicional de migrantes de todo el mundo hacia Estados Unidos. Colombia es un punto intermedio de los grandes flujos de personas, y hay regiones, como el Darién, donde las organizaciones criminales tienen pleno dominio de todos los flujos: personas, drogas, armas y demás.
DC: En su libro El Fin del Poder, Moisés Naím argumenta que el poder es cada vez más difícil de ostentar y retener, y que eso fácilmente lo degrada. ¿Eso se podría extrapolar al mundo del crimen organizado?
OP: Las mismas dinámicas que hay en la legalidad del sector público y privado se encuentran en el crimen organizado. Incluso, en la academia se dice que hay que entenderlo como una empresa, es decir, con la lógica de administración de un negocio que compite por ganarse un mercado.
Colombia no saca nada si legaliza bajo todo concepto la producción de cocaína porque seguiría siendo un flujo ilegal hacia afuera, es decir, no tendría a quién venderle y por lo tanto seguiría siendo un negocio oneroso para los criminales.
DC: ¿Y eso ha hecho más compleja la lucha contra el crimen?
OP: Sí. Si en Colombia existiera una sola organización encargada de todo el crimen, sería políticamente mucho más fácil responder. Pero hay muchas que compiten entre sí, y la población civil siempre termina en la mitad, como lo que pasa en el Catatumbo o Tumaco, donde se expresan diversas empresas ilícitas que buscan dominar los insumos para un mercado global. Hoy hablamos de un sistema de crimen organizado en el que existen diferentes grupos de diversos tamaños: los Grupos Armados Organizados (GAO), capaces de controlar el territorio y retar al Estado; los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que están conectados con los anteriores y les ayudan en ciertas tareas, pero no pueden luchar frontalmente contra el Estado; y después aparecen una serie de oficinas e individuos, que, con menor poder, ejecutan acciones concretas y se integran al sistema.
JK: Ya casi no se observan esas estructuras criminales monolíticas como lo eran Los Zetas en México, o Pablo Escobar y los hermanos Castaño, en Colombia. Esa forma de ejércitos privados se ha movido más a la periferia del crimen, mientras que en el centro sí tenemos esa lógica empresarial de gente bien vestida, bien educada y muy formal, que maneja un imperio ilegal y lo hace de manera cuasilegal.
DC: ¿La hiperconectividad de Internet y las posibilidades particulares de la deep web potencializan el crimen organizado?
OP: Internet y la deep web se han convertido en grandes espacios a través de los cuales se hacen múltiples transacciones ilegales. Pero el crimen organizado también necesita de espacios frontales y del sistema legal, como ocurre con el lavado de activos, que pasan por los grandes bancos del mundo. Por supuesto, hay una cantidad de actividades ilegales que ocurren en la sombra, en el inframundo, pero también muchas otras que ocurren en el mundo donde estamos todos, en frente nuestro y sin que nos demos cuenta.
DC: ¿Hay un crimen 'madre' en el universo del crimen organizado?
JK: Cualquier forma de prohibición es la causa inicial. El papá del crimen organizado moderno fue Al Capone, y solo basta mirar la mafia que generó con la prohibición del alcohol.