Las cifras son estremecedoras: al año 65.000 mujeres son asesinadas en el mundo por eso: por ser mujeres. En Latinoamérica y el Caribe es escalofriante la estadística: doce mueren a diario, por la misma razón. Solo en Colombia, cada dos días y medio una mujer muere a manos de su pareja o de su expareja; en Argentina matan a una mujer cada 30 horas, y en México las defunciones femeninas con presunción de homicidio son seis diarias. 

En todo el planeta se atestiguan, inexplicablemente, aberrantes e inhumanos actos que le rinden culto al dios machismo, como el ocurrido en La Meca, donde la policía prefirió ver morir carbonizadas a niñas antes que permitirles salir de su colegio en llamas, porque los hombres que presenciaban el incendio las verían desnudas (léase: sin burkas). O como el de la “trata de personas”, ese expandido comercio, en especial de niñas menores de doce años. O como el de las mujeres convertidas en botines de guerra. O como el de los cuerpos femeninos atacados con ácido con el fin de desfigurarlos para dejarlos “inservibles” ante los ojos de los hombres. O como el del “niño bien” al que un día le da por “recoger” en su automóvil a la ingenuidad hecha cuerpo femenino infantil para violarla, torturarla y asesinarla. O como el de los hombres que están seguros de que son dueños de los cuerpos de su pareja y del de sus hijas. La lista es universal y es extensa.
                   
                                  

Mujer: Producto de consumo

Las mujeres son valoradas como cualquier producto de consumo, como un bien transable, tanto, que hoy día hasta tienen que “salir al mercado” con etiquetas, con manuales, en caso de sufrir contingencias. “Trátese con cuidado, producto vulnerable, sensible, inflamable”, tendría que leerse tatuado en su cuerpo para no sufrir los desmanes machistas porque sí, porque son mujeres.

De hecho, es posible encontrar en internet protocolos pertinentes, y está a punto de publicarse una cartilla de primeros auxilios para capacitar a personas que puedan atender de inmediato a mujeres atacadas con sustancias como los ácidos. (Elaborada por Natalia Ponce de León, Beatriz Londoño, Juanita Ospina y otras personas, y financiada por el Fondo Fex de la Universidad del Rosario).

Ya existe una cuyo propósito es orientar sobre sus derechos a esas víctimas quienes, a propósito, no se refieren a sí mismas como “víctimas”, sino como “sobrevivientes” de ataques con agentes químicos (Derechos de las víctimas —sobrevivientes— de ataques con agentes químicos, de la Fundación Natalia Ponce de León, el Grupo de Acciones Públicas (GAP) y el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario).

Los crímenes de poder y de dominación masculina se conocen como feminicidio, ese que cometen los hombres contra ellas, por eso: por el solo hecho de ser mujeres. Cualquier ser humano consciente creería que este tipo de atrocidades tiende a disminuir. Pero no. Es al contrario, como lo evidencian las investigaciones, por fortuna cada vez más profundas, que realizan personas y entidades en varios países.

La violencia no se concilia

La profesora e integrante del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, Beatriz Londoño Toro, es la editora académica del libro El papel de los jueces contra la violencia de pareja en Colombia, 2005-2009, que revela casos de revictimización de las mujeres por el Estado colombiano. En las comisarías de familia, por ejemplo, la mayoría de ocasiones les dan a las víctimas las boletas de citación para que se la entreguen a su agresor, lo que sin duda las pone en una situación de riesgo inminente. Asimismo, intentan que haya conciliación entre las partes, como si la violencia pudiera conciliarse.

Por el lado de los juzgados, en muchos casos los jueces no aplican la normativa desde una perspectiva de género, y en cambio sí llenos de prejuicios y de predisposiciones socioculturales, profieren sentencias en forma mecánica.

Todo lo anterior refleja el escaso peso jurídico que se les concede a los casos de esta jurisdicción, los que en efecto no se resuelven en el plano puramente normativo, sino que están relacionados con asuntos sociales, psicológicos y culturales.

Y es que la jurisdicción de familia es subvalorada por el derecho, justamente por ocuparse de problemáticas en su mayoría de mujeres. En general, se piensa que estas son ideales para atender los asuntos de familia, porque los comprenderían mejor; sin embargo, a la hora de la verdad, en la toma de sus decisiones priman los imaginarios culturales patriarcales que se construyen, socializan y circulan en la sociedad. 

Como, por ejemplo, el de una jueza que le dio la razón al celoso joven que golpeó brutalmente a su novia por encontrarla bailando con otro joven, con el argumento de que su acto fue consecuencia de la ira y el intenso dolor que sintió en ese momento.

Por más civilizado que sea, ningún país escapa a tales igno-minias. Por fortuna, la afluencia ilimitada de comunicación global que permite la tecnología moderna derrumba fronteras cuando se trata de proteger los derechos humanos o al medio ambiente. Y ante problemas análogos, el discurso de los jueces de todas las naciones comienza a asemejarse.

Colombia y España en materia de género 

Recientemente se dieron a conocer los resultados del trabajo conjunto entre las universidades del Rosario y de Málaga, titulado Estudio comparativo de la normativa colombiana y española en materia de violencia de género en el decenio 2004-2014. En este intervinieron, por la Universidad del Rosario, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos, la Clínica de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar (VIG) y el Grupo de Derecho Penal, y por la Universidad de Málaga, el Grupo de Investigación Forense de la Facul-tad de Medicina.

Su punto de partida fue el reconocimiento de las regulaciones y políticas públicas como instrumentos para enfrentar la violencia de género en España y en Colombia. Además, la necesidad de que estas cuenten con sistemas idóneos para evaluar en el tiempo sus impactos jurídicos, sociales y culturales.

El estudio señala a las medidas de protección como la médula espinal de un sistema eficaz para enfrentar la violencia de género, y en este sentido los dos países se diferencian por la legitimidad y la competencia de quienes las dictan. 

En España los juzgados de violencia sobre la mujer adoptan las medidas, y las órdenes de protección las ejecutan los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas, como hospitales y servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados. Ejemplos de medidas son la salida obligatoria del inculpado, el cambio de vivienda, el alejamiento, la prohibición de comunicación y la suspensión de la patria potestad o la custodia. 

Aunque similares, en Colombia en la práctica dichas medidas no se cumplen o son insuficientes, y muchas mujeres mueren en el trámite. Y si bien la Fiscalía debe investigar los delitos de violencias contra las mujeres, muy rara vez dicta medidas de protección, por lo que la impunidad reina en estos casos.

¿Qué viva la impunidad?

Y la impunidad es precisamente una de las razones por las cuales las mujeres no utilizan las rutas institucionales, no denuncian. De manera que es necesario que ambos países trabajen en la construcción de un nuevo modelo de atención integral para la víctima.

De acuerdo con la profesora Londoño Toro, “en el desarrollo normativo han jugado un papel crucial las organizaciones de mujeres y también los medios de comunicación”, que les han cedido espacios importantes en sus páginas a noticias de violencia contra las mujeres, las cuales antes se consi-deraban exclusivas de la prensa amarillista (aunque todavía la manera de presentarlas “excusa” el comportamiento de los hombres). Pero todavía falta mucho para que se haga justicia y el mundo se entere de una vez por todas que los géneros masculino y femenino son ambos seres humanos con los mismos derechos, con independencia de su constitución física.