Paradójicamente, comienzo a escribir este artículo bajo unas láminas de asbesto en casa de mis padres. Ellos apenas se enteran de que han convivido durante décadas con un enemigo silencioso. Y es que en Colombia el asbesto ha formado parte de la cotidianidad de muchas familias que, por desconocimiento de los impactos que genera en la salud, lo han mantenido cerca en tuberías, tanques, tejas, pastillas de frenos, entre otros más de 3.000 productos.
"Desde los años treinta del siglo pasado, se escucharon los primeros campanazos sobre la peligrosidad del asbesto. Sonaron en Reino Unido, donde un inspector en salud desde una encuesta con los trabajadores de una fábrica de este mineral, y encontró que había una asociación entre la exposición a ese material y la aparición del cáncer pulmonar. La alerta motivó investigaciones en Estados Unidos y Francia. Así, se gestó una cadena de estudios que empezaron a advertir sobre las enfermedades causadas por el amianto o asbesto, tales como el mesotelioma, cáncer de laringe, asbestosis, cáncer de pulmón, entre otras.
Colombia tardó bastante en proscribir el uso del asbesto, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT) habían emitido advertencias y pronunciamientos como el Convenio 162 de la oit (1986), y de que ya 64 países habían prohibido el uso de esta fibra mortal. Los investigadores de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guerrero y Ana María Torres, le han seguido la pista a la búsqueda de la prohibición de este mineral en el país.
De acuerdo con la investigación de estos autores, desde el año 2007, han llegado al Congreso de la República seis proyectos para prohibir el uso de este mineral. En cinco ocasiones las iniciativas legislativas se hundieron; sin embargo, la sexta iniciativa logró hacer por primera vez su trámite completo por el Congreso y el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley 1968 de 2019, llamada también Ley Ana Cecilia Niño, la cual prohíbe el uso del asbesto en el país a partir del 1 de enero del año 2021.
“En Colombia, yo pienso que ha pasado lo mismo que en todos los países: los industriales del asbesto han hecho un lobby bastante fuerte para evitar cualquier legislación que prohíba su uso”, señala el profesor Guerrero, quien agrega que ya no había más excusas para frenar la decisión, pues las mismas empresas admiten que han venido preparándose para sustituir esta fibra.
De acuerdo con el investigador, en el Congreso se usaron todo tipo de argumentos irrisorios para impedir el avance de los proyectos de ley, como la afirmación de un congresista de la Comisión Séptima del Senado, quien sostuvo que en el país no se podía remplazar el asbesto en las pastillas de los carros, porque había una configuración topográfica montañosa que hacía muy difícil que se elaboraran con otro material. Una forma de despistar a la opinión pública.
Otros legisladores alegaron que no se habían adelantado estudios que demostraran la peligrosidad del asbesto en Colombia, argumento que también se caía con su propio peso. “El pedido de investigación propia en el país buscaba retrasar la prohibición. No tenía ninguna validez, porque los colombianos no tenemos un gen particular que nos haga inmunes a las enfermedades que produce el asbesto. Somos como los seres humanos del resto del mundo y lo que se ha probado, a nivel mundial, en términos de la peligrosidad del uso de esa fibra, aplica perfectamente para nosotros. Además, sí tenemos investigación propia del Instituto Nacional de Cancerología y de varios grupos académicos”, sostiene Guerrero.
Irónicamente, el representante del Partido Liberal, Pedro Muvdi Arangüena, presentó dos proyectos de ley, en 2007 y 2009, para impulsar el uso de este mineral en la construcción de viviendas de interés social, iniciativas que no prosperaron; sin embargo, ello demuestra el afán que algunos sectores tuvieron en ciertos momentos por mantener a flote este mineral.