La política migratoria se encamina en Colombia hacia una política de Estado, según el reporte correspondiente a julio de la Bitácora Migratoria, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.
La Bitácora Migratoria indica que desde 2015, fecha en que se produjo el primer acontecimiento migratorio de gran escala cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a miles de colombianos y sus familias que vivían en la zona fronteriza de Venezuela y, poco después, comenzaron a llegar las grandes oleadas de migración venezolana como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja en el país vecino, los diferentes gobiernos han ido construyendo una institucionalidad y generando una normatividad en un clima de consenso nacional sobre el tema.
“Entonces, estando en la presidencia Juan Manuel Santos, comenzaron a aplicarse políticas de atención humanitaria que su sucesor, Iván Duque, no solo continuó, sino que amplió a políticas de registro, identificación y regularización que cristalizaron con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), instrumento que el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, continuará a partir del 7 de agosto, según aseguró el coordinador de empalme para asuntos migratorios, Iván Mauricio Gaitán”, se señala en el editorial del reporte del Observatorio de Venezuela.
La Bitácora explica que el reto central que tendrá el nuevo mandatario pasará a ser la integración de los venezolanos con vocación de permanencia en la vida productiva y social del país, de forma tal que no solo se les dignifique como personas, sino que pasen a cumplir un rol activo en el desarrollo de la nación.
En este sentido, los investigadores dicen que la reciente aprobación del CONPES 4100 sienta las bases para llevar adelante esta tarea con un horizonte de 10 años y agrega que es una clara evolución respecto al anterior CONPES 3950, dirigido básicamente a atender la emergencia humanitaria.
La Bitácora Migratoria de julio incluye una completa cronología de los decretos, resoluciones y circulares que se han expedido y aprobado en los últimos siete años que no solo regulan la situación migratoria en el país, sino que garantizan su acceso a derechos como la salud, la educación, la regularización y la protección de las niñas, niños y adolescentes, entre otros asuntos.
“Asimismo, el país ha iniciado una dinámica de fortalecimiento institucional que debe continuar y que se ha expresado en la experiencia acumulada por Migración Colombia, la creación de la Gerencia de Frontera -hoy transformada en Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante - y la formación de cuadros técnicos en la administración pública que han demostrado voluntad política para llevar adelante los retos migratorios”, señala el reporte.
La Bitácora de julio recoge también un resumen de los más importantes trinos difundidos por los principales actores de la política migratoria en los últimos cuatro años y presenta asimismo la sección El semáforo de la bitácora, donde se destacan en verde los aspectos positivos de la situación migratoria, en amarillo los temas pendientes y, en rojo, aquellos que requieren atención de las autoridades nacionales y locales, así como de las comunidades migrantes y de acogida.
Igualmente, el informe del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario refleja las principales estadísticas migratorias en materia de salud y educación en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta y analiza los retos que a este respecto se presentan en estas ciudades.
La versión completa del reporte de julio de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia la puede consultar
aquí.