Septiembre/2019

Al 31 de enero de este año, 1’200.000 venezolanos se encontraban en territorio nacional, según cifras de Migración Colombia. En ese dato no estaban incluidos aquellos que eludieron el conteo institucional por cuenta de su situación irregular, un hecho que les produce zozobra. El mismo sentimiento que están sintiendo ciudadanos colombianos y autoridades locales que hoy deben asumir un escenario de migración emergente, a raíz de los flujos masivos migratorios provenientes de Venezuela.

Los gobiernos locales y el nacional han respondido a esta nueva realidad con directrices, resoluciones y orientaciones que han dado soluciones a corto y mediano plazo a la emergencia humanitaria. “Muy válido querer salir a flote de manera coyuntural con la situación. Muy válido que el gobierno del presidente Iván Duque haya seguido con las acciones tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos y no las hubiera reversado, pero la base de todo es que no podemos seguir sin un marco normativo. Y tampoco pasando al otro extremo, como en este momento, que hay varios proyectos de ley sobre migración en el Congreso. El mensaje positivo de todo esto es que al Estado colombiano le llegó el momento de tener una política migratoria integral”, señala la profesora María Lucía Torres Villarreal.

Torres es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y coinvestigadora del proyecto de investigación Diagnóstico regional de la migración en Colombia con enfoque de dd. hh. 2014-2018, en el que participaron 21 universidades de seis zonas del país (nororiente, centro, Antioquia, costa Caribe, Eje Cafetero y sur). La Universidad del Rosario fungió como directora del proyecto a nivel nacional.

Aunque los resultados de la información recabada por los diferentes equipos, así como los análisis respectivos sobre el marco que tomaron las instituciones educativas —el acceso a cuatro derechos (salud, educación, trabajo y justicia)—, aún no son definitivos, la conclusión que se anticipa es que Colombia debe dar un gran salto para hacerle frente a la realidad migratoria, y lo debe hacer con una política de atención integral en clave de derechos humanos y pensada no solo para ciudadanos venezolanos, también para nicaragüenses y chinos, entre otros. En otras palabras, una política que responda a la protección de los derechos de los extranjeros en Colombia.

La directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y directora del proyecto de investigación, María Teresa Palacios Sanabria, explica por qué se requiere esta tarea: “Colombia no ha estado suficientemente preparada para atender la realidad migratoria que se transformó en los últimos años. Siempre habíamos tenido como característica ser país de origen, de tránsito, y no de destino. Esa situación nos tomó sin un cambio normativo lo suficientemente sólido para dar atención en términos de derechos a quienes llegan”.

Las docentes hacen un llamado desde la academia para que se tomen cartas en el asunto y en la política que se diseñe se tengan en cuenta diferentes elementos. El más trascendental de ellos: entender que lo importante y central es la dignidad de la persona. “Debe aplicarse el principio pro persona. Si interpretamos a la luz de ese principio, siempre vamos a encontrar una buena práctica o un estándar más amplio para el ser humano”, señala Palacios.

Las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en materia de derechos humanos son otro elemento importante a tener en cuenta; y, más recientemente, la suscripción del Pacto Mundial por la Migración, adoptado por la Asamblea General de la onu, el 10 de diciembre de 2018, el cual contiene 23 objetivos que se presentan como un paquete de factores acordados por los Estados. Estos son: la prevención, el acceso a todos los derechos, la recopilación de cifras para tener certeza de la dimensión de la migración, el enfoque diferencial en la atención, campañas en contra de la discriminación y la posibilidad de ver la migración como una oportunidad para la nación que la recibe.

Otros hallazgos
Además de la evidente necesidad de contar con una política migratoria, la investigación también mostró que las regiones no tienen las mismas capacidades ni recursos y sí muchas particularidades que deben ser tenidas en cuenta.

La sugerencia de las investigadoras es que la norma tenga una perspectiva integral y sea socializada en cada entidad que tenga un rol en el proceso migratorio para que se logre aplicar con el sentido de que sea construida. “Debe ir acompañada de pedagogía a los funcionarios públicos que en algún momento tengan contacto con el migrante. El que tiene que conocer la ley no es el migrante, el deber de conocerla es de los nacionales. El desconocimiento puede ser una talanquera para el acceso a derechos por parte del migrante”, explica Torres.

En esa misma línea, las académicas también sugieren que sea extensivo a toda la población colombiana dicho conocimiento para erradicar conductas de discriminación a los migrantes; para que se muestre que tenemos una realidad distinta: en el territorio ya no solo viven colombianos, también viven extranjeros.

“El mensaje positivo de todo esto es que al Estado colombiano le llegó el momento de tener una política migratoria integral”, señala la profesora María Lucía Torres Villarreal.

Finalmente, ellas señalan un último hallazgo y es el hecho de que la migración solía verse por países, pero la diáspora actual muestra que es por regiones. El Estado colombiano, en el caso venezolano, es el llamado a tener un rol protagónico en diferentes órganos, como el que está teniendo en el Grupo de Lima, con el fin de que se discutan soluciones a nivel regional. De esa manera, se podrán elaborar planes de gobernanza global.

“Ojalá que con el tema de la migración logremos tener una política integral como Estado, y así no suceda lo mismo que con el desplazamiento forzado, donde un juez tuvo que llenar los vacíos legales. Todo se volvió un remedio judicial”, puntualiza Palacios.

“Colombia no ha estado suficientemente preparada para atender la realidad migratoria que se transformó en los últimos años”, comenta la investigadora María Teresa Palacios.