El derecho al trabajo es parte importante para consolidar el Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, aún hay muchos retos —independientes del proceso— para ajustar la regulación laboral existente a la realidad colombiana.
El trabajo constituye un elemento clave dentro de cualquier política pública que busque terminar conflictos armados. En la medida en que los actores involucrados tengan acceso a opciones laborales, podrán hacer un tránsito hacia la reinserción efectiva y la sociedad contará con condiciones para evitar que se repitan esas situaciones de violencia. A esto se suma la propiedad que tiene el trabajo de conceder un ‘pasaporte de ciudadanía’: a partir de su formación y sus labores, las personas obtienen el reconocimiento por aquello que realizan en la sociedad. Así, para el caso de los procesos de paz, los involucrados dejan de ser ‘combatientes’ o ‘guerrilleros’ para convertirse en ‘carpinteros’, ‘profesores’ o ‘campesinos’, por ejemplo. Justamente, a partir de las conversaciones de paz en La Habana y el posterior Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), firmado en 2017, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario decidió adelantar una investigación para identificar aquellos aspectos del derecho laboral que podrían verse afectados o condicionados por las negociaciones. Este proyecto, que culminó con el libro El derecho del trabajo como elemento de construcción de paz y reconciliación, terminó convirtiéndose en una creación multidisciplinaria en la que también participaron las Facultades de Economía y de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, así como el Observatorio Laboral de la misma universidad.
El Gobierno y la sociedad tienen el reto de generar condiciones para que todos aquellos afectados por la guerra encuentren vías para desarrollarse dentro de la legalidad.
“Cuando comenzamos el proyecto, los Acuerdos de Paz aún estaban en negociación en La Habana, por lo que se hablaba frecuentemente de cuáles eran las ‘causas de la guerra’. Nosotros decidimos buscar las ‘causas de la paz’, donde encontramos una aproximación a un terreno olvidado y desconocido para el derecho del trabajo tradicional que es el derecho al trabajo agrario”, comenta Iván Jaramillo, doctor cum laude de la Universidad de Castilla La Mancha (España) y profesor de la Facultad de Jurisprudencia. Para este proyecto, los investigadores identificaron a la demanda de interdisciplinariedad como la primera necesidad para realizarlo, pues no se podía limitar al tema de regulación y normas laborales, sino que requería insumos de las facultades mencionadas, que explicaran la teoría general de la resolución de conflictos. “Gracias a este trabajo conjunto, logramos revisar modelos de resolución de conflictos, atados a evidencias del impacto económico que tiene un proceso de paz y los compromisos que se generan en realización de derechos y el componente económico para conectarlo con la construcción propia el derecho de trabajo”, recuerda.
EL CAMPO CUENTA Dentro de sus hallazgos, los investigadores determinaron que es necesario realizar reformas en el derecho laboral que permitan poner de presente la realidad del campo y visibilizar a los protagonistas. Unos cambios que deben ser independientes del Acuerdo firmado. La investigación encontró un componente agrario en el discurso y en las propuestas de las Farc, en los cuales se demandaba una corrección de todo el modelo laboral que ha seguido el país durante siglos. “En la actualidad, Colombia sigue un modelo pensado para las labores urbanas más industrializadas (conocido como ‘fordista’), que no ha sido actualizado bien y que ha mantenido en el olvido al reconocimiento de los derechos laborales en el sector rural”, dice el profesor. Ante todo, la informalidad laboral llega al 90 por ciento en el sector rural, en parte por la falta de una legislación que refleje y responda de forma práctica a la realidad que se vive en el campo. Por ejemplo, en algunas regiones del país es común que los campesinos reciban parte de su salario en especie —comida y vivienda—, que solo pueda ser contratado durante ciertas temporadas o que prefiera estar en su lugar de trabajo durante sus tiempos libres.
Para el caso de los procesos de paz, los involucrados dejan de ser ‘combatientes’ o ‘guerrilleros’ para convertirse en ‘carpinteros’, ‘profesores’ o ‘campesinos’, señala Iván Daniel Jaramillo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia.
Es necesario realizar reformas en el derecho laboral que permitan poner de presente la realidad del campo y visibilizar a los protagonistas.
“La informalidad en el campo es un tema cultural, para el que debe haber un modelo de intervención adecuado para dar garantías. No puedo aplicar un Código Laboral Urbano, pues sería como si le prestara mi saco a otra persona: podría quedarle muy largo o muy corto para sus necesidades”, dice Jaramillo. De hecho, como parte de las modificaciones para consolidar una nueva legislación del trabajo rural, se han pensado eliminar formas de trabajo infantil muy presentes en estos mercados, así como intervenir la llamada ‘economía del cuidado’, que está dictada por el patrón machista en el que las mujeres tienen a su cargo otros tipos de labores agrarias no reconocidas por el derecho actual, como el cuidado del hogar o el mantenimiento de algunas locaciones. Jaramillo señala que en los Acuerdos de Paz con las Farc no existe nada que esté relacionado de forma directa con el trabajo. “Lo que existe en el punto uno está destinado a dar garantías y extensión a los diversos esquemas de protesta social y a los derechos laborales en el sector rural, fundamentalmente detrás de pisos de protección social, y garantías de inclusión contra riesgos sociales, a las que los trabajadores no hayan tenido acceso. Esto lo complementa con una apropiación presupuestal fuerte de inspección, vigilancia y control en el sector rural, que no existe en la actualidad; y la presencia del Estado en esos sectores articulada con temas específicos, como la regulación del trabajo infantil, que es un tema agudo”, comenta. Si bien, estos cambios no quedaron expresos en el Acuerdo, es necesario comenzar a implementarlos para dar respuestas de inserción social durante el posconflicto, una etapa que podría ser más violenta que el problema inicial si no se brindan oportunidades de desarrollo. “En El Salvador, por ejemplo, hay más muertes en la actualidad por armas de fuego que las que se presentaron durante el conflicto. Para un investigador es más interesante los cinco años posteriores a la firma, porque tienen unos indicadores que muestran falsedad o certeza de algunas tesis”. Aunque el tema laboral parece lejano a lo acordado con las Farc, el Gobierno y la sociedad ahora tienen el reto de generar condiciones para que todos aquellos afectados por la guerra —como víctimas o victimarios— encuentren vías para desarrollarse dentro de la legalidad. Solo así alcanzaremos la verdadera paz.