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Divulgación Científica - URosario

Cultura y Sociedad

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A trabajar en paz

El derecho al trabajo es parte importante para consolidar el Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, aún hay muchos retos —independientes del proceso— para ajustar la regulación laboral existente a la realidad colombiana.

  Fotos: Alberto Sierra
Por José Alejandro González T.


El trabajo constituye un elemento clave dentro de cual­quier política pública que busque terminar conflictos armados. En la medida en que los actores involucra­dos tengan acceso a opciones laborales, podrán hacer un tránsito hacia la reinserción efectiva y la sociedad contará con condiciones para evitar que se repitan esas situaciones de violencia.
 
A esto se suma la propiedad que tiene el trabajo de conceder un ‘pasaporte de ciudadanía’: a partir de su for­mación y sus labores, las personas obtienen el reconocimiento por aquello que realizan en la sociedad. Así, para el caso de los procesos de paz, los involucrados dejan de ser ‘combatientes’ o ‘guerrilleros’ para convertirse en ‘carpinteros’, ‘profesores’ o ‘campesinos’, por ejemplo.
 
Justamente, a partir de las conversaciones de paz en La Ha­bana y el posterior Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), fir­mado en 2017, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario decidió adelan­tar una investigación para identificar aquellos aspectos del derecho laboral que podrían ver­se afectados o condicionados por las negocia­ciones.

Este proyecto, que culminó con el libro El derecho del trabajo como elemento de construc­ción de paz y reconciliación, terminó convir­tiéndose en una creación multidisciplinaria en la que también participaron las Facultades de Economía y de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, así como el Ob­servatorio Laboral de la misma universidad. 

 

El Gobierno y la sociedad tienen el reto de generar condiciones para que todos aquellos afectados por la guerra encuentren vías para desarrollarse dentro de la legalidad.

“Cuando comenzamos el proyecto, los Acuerdos de Paz aún estaban en negociación en La Habana, por lo que se hablaba frecuen­temente de cuáles eran las ‘causas de la gue­rra’. Nosotros decidimos buscar las ‘causas de la paz’, donde encontramos una aproxi­mación a un terreno olvidado y desconocido para el derecho del trabajo tradicional que es el derecho al trabajo agrario”, comenta Iván Jaramillo, doctor cum laude de la Universidad de Castilla La Mancha (España) y profesor de la Facultad de Jurisprudencia.
 
Para este proyecto, los investigadores identificaron a la demanda de interdiscipli­nariedad como la primera necesidad para realizarlo, pues no se podía limitar al tema de regulación y normas laborales, sino que requería insumos de las facultades mencio­nadas, que explicaran la teoría general de la resolución de conflictos. “Gracias a este tra­bajo conjunto, logramos revisar modelos de resolución de conflictos, atados a evidencias del impacto económico que tiene un proceso de paz y los compromisos que se generan en realización de derechos y el componente eco­nómico para conectarlo con la construcción propia el derecho de trabajo”, recuerda.
 

EL CAMPO CUENTA
Dentro de sus hallazgos, los investigadores determinaron que es necesario realizar refor­mas en el derecho laboral que permitan poner de presente la realidad del campo y visibilizar a los protagonis­tas. Unos cambios que deben ser independientes del Acuerdo firmado.
 
La investigación encontró un componente agrario en el dis­curso y en las propuestas de las Farc, en los cuales se deman­daba una corrección de todo el modelo laboral que ha seguido el país durante siglos. “En la actualidad, Colombia sigue un modelo pensado para las labores urbanas más industrializadas (conocido como ‘fordista’), que no ha sido actualizado bien y que ha mantenido en el olvido al reconocimiento de los dere­chos laborales en el sector rural”, dice el profesor.

Ante todo, la informalidad laboral llega al 90 por ciento en el sector rural, en parte por la falta de una legislación que refleje y responda de forma práctica a la realidad que se vive en el campo. Por ejemplo, en algunas regiones del país es co­mún que los campesinos reciban parte de su salario en especie —comida y vivienda—, que solo pueda ser contratado durante ciertas temporadas o que prefiera estar en su lugar de trabajo durante sus tiempos libres.
 

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Para el caso de los procesos de paz, los involucrados dejan de ser ‘combatientes’ o ‘guerrilleros’ para convertirse en ‘carpinteros’, ‘profesores’ o ‘campesinos’, señala Iván Daniel Jaramillo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia.

 

Es necesario realizar reformas en el derecho laboral que permitan poner de presente la realidad del campo y visibilizar a los protagonistas.

“La informalidad en el campo es un tema cultural, para el que debe haber un modelo de interven­ción adecuado para dar garantías. No puedo aplicar un Código Laboral Urbano, pues sería como si le prestara mi saco a otra persona: podría quedarle muy largo o muy corto para sus ne­cesidades”, dice Jaramillo.
 
De hecho, como parte de las modificaciones para consolidar una nueva legislación del trabajo rural, se han pensado elimi­nar formas de trabajo infantil muy presentes en estos merca­dos, así como intervenir la llamada ‘economía del cuidado’, que está dictada por el patrón machista en el que las mujeres tienen a su cargo otros tipos de labores agrarias no reconocidas por el derecho actual, como el cuidado del hogar o el manteni­miento de algunas locaciones.

Jaramillo señala que en los Acuerdos de Paz con las Farc no existe nada que esté rela­cionado de forma directa con el trabajo. “Lo que existe en el punto uno está destinado a dar garantías y extensión a los diversos esque­mas de protesta social y a los derechos labo­rales en el sector rural, fundamentalmente detrás de pisos de protección social, y garan­tías de inclusión contra riesgos sociales, a las que los trabajadores no hayan tenido acceso. Esto lo complementa con una apropiación presupuestal fuerte de inspección, vigilan­cia y control en el sector rural, que no existe en la actualidad; y la presencia del Estado en esos sectores articulada con temas específicos, como la regulación del trabajo infantil, que es un tema agudo”, comenta.
 
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Si bien, estos cambios no quedaron expre­sos en el Acuerdo, es necesario comenzar a implementarlos para dar respuestas de inser­ción social durante el posconflicto, una etapa que podría ser más violenta que el problema inicial si no se brindan oportunidades de de­sarrollo. “En El Salvador, por ejemplo, hay más muertes en la actualidad por armas de fuego que las que se presentaron durante el conflic­to. Para un investigador es más interesante los cinco años posteriores a la firma, porque tie­nen unos indicadores que muestran falsedad o certeza de algunas tesis”.
 
Aunque el tema laboral parece lejano a lo acordado con las Farc, el Gobierno y la sociedad ahora tienen el reto de generar condiciones para que todos aquellos afectados por la guerra —como víctimas o victimarios— encuentren vías para desarrollarse dentro de la legalidad. Solo así alcanzaremos la verdadera paz.